González, Elisa Verónica c/Fundación Sentir s/despido
La actora demandó por despido y rubros laborales reclamando diferencias salariales, indemnizaciones y entrega de certificación de servicios. La Cámara hizo lugar parcialmente a la demanda, reconoció relación de dependencia desde marzo de 2017 hasta el 21/03/2019 y condenó a la demandada al pago de $186.893,50 más accesorios y a entregar las certificaciones del art. 80 LCT.
¿Quién es el actor?
Sra. Elisa Verónica González (representada por el Dr. Fernando José Gabriel Román).
¿A quién se demanda?
Fundación SENTIR (representada por el Dr. Jorge Luis Mansilla).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
pago de diferencias salariales (enero 2018 a enero 2019 e inclusión de febrero 2019); indemnizaciones por despido injustificado (antigüedad, falta de preaviso e integración del mes de despido, SAC y vacaciones proporcionales), aplicación del art. 2 Ley 25.323 y art. 8 Ley 24.013; multa del art. 80 LCT y entrega de la certificación de servicios y remuneraciones prevista en dicho artículo.
¿Qué se resolvió?
Hacer lugar parcialmente a la demanda. Condenar a la Fundación SENTIR a pagar a la Sra. Elisa Verónica González $186.893,50 (suma vigente a la fecha) e intimarla a entregar dentro de 60 días, desde la firmeza, las certificaciones previstas por el art. 80 LCT; imponer costas a la demandada; regular honorarios y demás puntos del dispositivo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Conforme lo dispone el artículo 23 de la LCT probada la prestación de servicios se presume la existencia de contrato de trabajo y quien afirma lo contrario debe probarlo, confrontar, además, el fallo del Superior Tribunal de Justicia registrado en L.A.58 Nº 738.
Veamos. La actora probó –y de hecho la demandada lo reconoce- que la prestación de servicios comenzó en marzo de 2017. De hecho a fojas 80/82 se adjuntó un contrato de locación de servicios profesionales suscripto el 28/02/2017 por el cual las partes acordaron que la actora prestaría servicios como Profesora de Educación Especial (cláusula segunda).
Además, los testimonios del Sr. José Emilio Jaramillo (fojas 129/131) resulta que ella trabajó como docente en el año 2017 y como Directora en 2018 y en igual sentido declaró la Sra. Marcela Fabiana Urzagasti (fojas 139/141), según prueba adjuntada por la demandada.
En síntesis los testigos confirmaron la efectiva prestación de servicios a favor de la demandada y que fue contratada para efectuar labores que hacen al objeto mismo de la fundación y que ello fue así desde marzo de 2017, fecha que debe considerarse de ingreso y hasta la fecha del despido. Entonces, se corrobora la presunción del art. 23 LCT, por lo que corresponde tener por acreditada la relación de empleo desde aquella fecha. En síntesis, se probó la versión de la demanda en tal sentido."
"En base a ello propongo hacer lugar al reclamo y en consecuencia fijar la indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración, que la perito contadora calculó y debidamente ajustada al día de la fecha."
"En consecuencia corresponde estimar el honorario de los letrados (en bloque) en $81.291,60 calculados según pauta del art. 20 de la Ley 6112 -que establece el valor de la Unidad de Medida Arancelaria en un 6% del salario mínimo vital y móvil vigente-, que a la fecha, según Resolución MTESS 15/2022 equivaldría a $67.743 -corresponde estimar el valor de la UMA en $4.064,58 y las 20 UMA que corresponden según tipo de juicio en $81.291,60."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Hugo C. Moisés Herrera y Diego Rodrigo Rivas adhirieron al voto de Presidencia; no hubo disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.013Ley de empleo
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
- Ley 25.323Contrato de trabajo
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