ENFERMEDAD/ACCIDENTE DE TRABAJO: VILLEGAS, FACUNDO LUCAS c/ ESTADO PROVINCIAL - POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY
El Estado Provincial solicitó que la obligación reconocida en sentencia se abone en el presupuesto 2023 conforme a la ley provincial N° 5.320. El Tribunal del Trabajo rechazó el reclamo por no acreditarse el registro de la acreencia ni la comunicación exigida por la ley, y confirmó que no se cumplen los requisitos para aplicar el régimen de pagos.
¿Quién es el actor?
Estado Provincial, representado por el Dr. Francisco Barrau (interpone reclamo/agravio ante el Cuerpo).
¿A quién se demanda?
Sr. Villegas (parte actora en el proceso originario).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna el decreto de intimación de pago en cinco días de la suma liquidada ($2.031.361,07) y se solicita que la deuda reconocida en la sentencia se incluya y pague en el ejercicio fiscal 2023 conforme a la ley provincial N° 5.320.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el reclamo interpuesto por el Estado Provincial por falta de acreditación de los requisitos exigidos por la ley 5.320 (registro de la acreencia y comunicación certificada a la Legislatura), por lo que no corresponde habilitar el pago en el presupuesto 2023 ni revocar la intimación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Analizadas las constancias de la causa se advierte que el pedido del Estado Provincial no puede prosperar, porque no se cumplen los requisitos para la aplicación de la ley 5.320, tal como ha sido resuelto por el Superior Tribunal de Justicia.
En efecto, dijo el Máximo Tribunal provincial que dictada sentencia de condena se debe hacer el registro de la acreencia, lo que implica el deber a cargo de la Fiscalía de Estado, que es el representante judicial único, de llevarla a conocimiento de la Dirección de Presupuesto, que dicho registro de la acreencia debe hacerse por estricto orden de antigüedad (ley 5.313) conforme a la notificación judicial, sin que sea necesaria la intervención del particular interesado, y sí en cambio, deber de la Fiscalía de Estado acreditar ante el juez de la causa haber efectuado la comunicación, para evitar así trámites de ejecución, mayores costas y dispendio jurisdiccional (conf. L.A. Nº 50, Fº 1312/1316, Nº 429, voto del Dr. González).
Los extremos señalados no fueron acreditados. En el sub lite no existen indicios de que la Fiscalía de Estado haya registrado la deuda por orden de antigüedad. Por otra parte, tampoco acreditó la debida comunicación de la resolución Nº 232-F.E./2022 a la Legislatura de la Provincia, según lo prevé el art. 1 inc. d) de la ley 5.320, mediante la certificación que en cada caso extienda el servicio administrativo contable del organismo o entidad involucrada. Esto impide concluir que se reúnen los extremos necesarios para admitir la invocación del régimen de pagos. Así, se impone el rechazo de la petición del Estado Provincial."
(No constan votos en disidencia relevados en la parte aportada).
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