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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-011.333/2013 (Tribunal Contencioso Administrativo – Sala I – Vocalía 1) Cobro de Sumas de Dinero/Pesos: “Empresa de Servicios San José c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy

La Empresa de Servicios San José demandó a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por cobro de sumas de dinero derivado de la ejecución de obras (Programa Perfilado, Nivelado, Enripiado y Compactado - Etapa III). El Superior Tribunal de Justicia admitió el recurso de inconstitucionalidad de la Municipalidad, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda por inexistencia del contrato y falta de prueba del enriquecimiento sin causa.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala III-Vocalía 6 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala III-Vocalía 6
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CA-18547/2022
Contrato administrativo Formalidades Firma Inexistencia del contrato Cobro de pesos Enriquecimiento sin causa Prueba Responsabilidad del estado Costas Regulacion de honorarios

¿Quién es el actor?

Empresa de Servicios San José (representada por José Luis Huespe).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de San Salvador de Jujuy (representada por Dr. Eduardo Martín Rodríguez Brabo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de sumas de dinero/pesos por precio de la obra correspondiente a la Etapa III del Programa Perfilado, Nivelado, Enripiado y Compactado de calles de Villa Jardín de Reyes, por la suma de $110.000 (más intereses).

¿Qué se resolvió?

Se admitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Municipalidad y se revocó la sentencia del Tribunal Contencioso (28-03-2022), rechazando la demanda por cobro de pesos. Se impusieron las costas a la parte vencida y se diferenció la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, si realizamos una hermenéutica detallada del Código Civil y Comercial se advierte que el art. 958 refiere a la libertad de las partes para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos. A su vez el art. 1015 del mismo cuerpo legal establece específicamente cuáles son los contratos que requieren ciertas formalidades, sujetándose a ellas su validez. Se puede ver entonces, que la regla es la primacía de la voluntad de las partes y la excepción el cumplimiento de ciertas exigencias para casos establecidos.

Por su lado, en el ámbito del Derecho Público, en cambio, el cumplimiento de los mandamientos legales es indispensable para la validez y eficacia del contrato, y ello surge de diversa normativa de origen nacional y local.

La Ley Nacional Nº 13.064 en el Capítulo III regula la formalización del contrato y de sus arts. 21 a 24 surge la necesidad de la firma del instrumento.

El art. 21 establece: “Entre la administración pública y el adjudicatario se firmará el contrato administrativo de obra pública (…)”

A nivel local, la Ley Nº 1.864 de Obras Públicas desde el art. 44 al 50 inclusive refiere a la necesidad de la firma del contrato, basta con solo realizar una interpretación acabada de toda la normativa y el requisito surge evidente. A modo ilustrativo el art. 44 dice: “Cualquiera fuese la forma de contratación de las obras, la aceptación de la propuesta se notificará por escrito al adjudicatario en el domicilio constituido, haciéndole saber al mismo tiempo, que dentro del término de diez días a partir de la fecha de notificación deberá concurrir a la repartición respectiva a firmar el contrato” y el art. 45 detalla: “El contrato será suscripto ad referédum del Poder Ejecutivo por el Director de la Oficina Técnica correspondiente y el adjudicatario o su representante legal”."

"En definitiva no se valoró apropiadamente la prueba agregada en el expediente principal y en las constancias administrativas, de la que surge con meridiana claridad que el Contrato de Locación de Obra y el Decreto respectivo no se encuentran firmados por autoridad competente, careciendo de un elemento esencial en el cumplimiento de las formas contractuales y en consecuencia resulta inexistente el contrato.

Ahora bien, en cuanto al agravio del recurrente referido a la violación del principio de congruencia por parte del tribunal en tanto fundó el pronunciamiento en el enriquecimiento sin causa, también debe admitirse, ya que es esencial para la procedencia del mencionado instituto que la actora en su presentación demuestre los extremos propios de él, por lo que deberá no sólo probar su empobrecimiento sino también el enriquecimiento que obtuvo en este caso la Municipalidad, la relación causal entre ambos y ausencia de causa justificante.

En el sublite, la demandante inició una acción de “cobro de sumas de dinero/pesos” exigiendo el cumplimiento de un contrato que a todas luces resulta inexistente por las razones apuntadas líneas arriba y no probó el enriquecimiento sin causa, por lo que no resulta procedente."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto de la Dra. María Eugenia Nieva fue acompañado por los Dres. Martín Francisco Llamas y Federico Francisco Otaola; el bloque dispositivo final del tribunal confirmó la admisión del recurso y la revocación de la sentencia de grado (mayoría unánime).

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