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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 423/2022 (Cámara de Casación Penal - Vocalía 3) caratulado: ‘B., A. G. p.s.a. de Hurto Calificado por la condición de Funcionario Público, Ciudad (Expte. Ppal. Nº 4430/2021)’

La defensa interpuso Recurso de Inconstitucionalidad contra la condena por hurto calificado de un sargento; solicitó la absolución por falta de consumación y arrepentimiento. La Sala II-Penal del STJ rechazó el recurso por reiteración de agravios ya analizados en Casación y confirmó la doble conformidad, entendiendo que la consumación del hurto quedó acreditada y que la pena resulta proporcional.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala II-Vocalía 4 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala II-Vocalía 4
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
PE-19089/2022
Recurso de inconstitucionalidad Hurto calificado Consumacion Arrepentimiento (art. 43 cp) Doble conformidad Casacion Inconstitucionalidad Honorarios Stj jujuy Sentencia penal

¿Quién es el actor?

Dra. Sara Cabezas en ejercicio de la Defensa Técnica de A. G. B.

¿A quién se demanda?

Sentencia condenatoria dictada contra A. G. B. (Tribunal en lo Criminal Nº 2 y Cámara de Casación Penal).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de Inconstitucionalidad solicitando dejar sin efecto la condena por Hurto calificado y absolución por falta de consumación y arrepentimiento (Art. 43 C.Penal); impugnación asimismo de la pena aplicada.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el Recurso de Inconstitucionalidad; se regularon honorarios a favor de la defensa por $39.020 más IVA; se dejó constancia de la reserva de caso federal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

IV.- De manera inicial cabe destacar que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio, ha sido confirmada por la Cámara de Casación, resultando satisfecha la garantía de “doble conformidad” o “doble revisión”, prevista por el Art. 8.2.h por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -en función del Art. 75, Inc. 22 de la Constitución Nacional-, también previsto en el Art. 29, Numeral 5, Inc. 9 de la Constitución Provincial. Así, resulta imprescindible admitir que la presente instancia recursiva, en tanto extraordinaria y limitada a las atribuciones y competencia previstas en los Arts. 163 y 165 inc. 1) a) y c) de la Constitución de la Provincia de Jujuy, se circunscribe a los agravios traídos a consideración por la parte recurrente, en la medida que conformen el concepto de arbitrariedad.

Ahora bien, para descalificar una sentencia invocando la doctrina de la arbitrariedad, se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican esa conclusión, pues dicha doctrina sólo atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como "la sentencia fundada en ley" a que se refieren los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite, Glibota, Pedro Pablo c/ EN-M Economía resol 235 166 y 334/2011 y otros y otros s/proceso de conocimiento. G. 394. L. REX19/04/2016, Fallos: 339:499); circunstancia que no se verifica en autos. Doy razones.

V.- En primer lugar, advierto que la recurrente lejos de formular una crítica concreta y razonada de los fundamentos brindados por la Alzada reitera de manera textual los agravios expuestos ante la Casación, extremo que imposibilita su tratamiento en esta instancia extraordinaria. ... Que el apoderamiento del celular se efectuara por un determinado período de tiempo, para luego ser devuelto, en nada obsta a que la consumación del Hurto efectivamente operó con anterioridad. A lo dicho debe sumarse las especiales circunstancias a partir de las cuales B. restituyó el dispositivo. Es que, como bien detallaran las anteriores instancias -en argumento que la recurrente no desvirtúa- el hecho de que el acusado haya obedecido practicar la orden de rastrillaje, a sabiendas de su inutilidad -ya que para ese momento el celular se encontraba en su cofre personal- ratifica la persistencia del desapoderamiento. Recién cuando la nueva búsqueda del dispositivo se tornó infructuosa y ante la insistencia de su superior jerárquico -quien había visto a P. con el celular en la mano cuando era trasladado del lugar del siniestro a la Comisaría, mientras era custodiado por B.- es que éste, advirtiendo el inevitable desenlace de la situación, procedió a la devolución del mismo.

VI.- Como corolario de lo expuesto, me pronuncio por rechazar el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la Dra. Sara Cabezas en ejercicio de la Defensa Técnica de A. G. B. En cuanto a los honorarios profesionales de la Defensa Técnica del encartado, valorando que la naturaleza de la cuestión no es susceptible de apreciación pecuniaria y que no existe otra base regulatoria para fijar los mismos, corresponde aplicar el importe mínimo establecido en el Art. 32 -en función de los Arts. 17 Incs. b y e, 20, 26 y 34 Inc. b- de la Ley 6.112/18. ... propongo regular a la Dra. Sara Cabezas la suma de pesos en la suma de pesos treinta y nueve mil veinte ($39.020) -los que estarán a cargo de su defendido-, importe al que deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en caso que así correspondiera.

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Llamas y Otaola adhieren al voto de la Dra. Lamas González (unanimidad).

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