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Tribunal Superior

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La actora promovió acción de nulidad de instrumento público contra Margarita Irene Canchi y Patricio Lacsi. El Superior Tribunal de Jujuy rechazó el recurso de inconstitucionalidad por caducidad de la instancia al advertir inactividad procesal prolongada del actor y confirmó la imposición de costas y la regulación de honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala I-Vocalía 2 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala I-Vocalía 2
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CF-18637/2022
Nulidad de instrumento publico Caducidad de la instancia Perencion Inactividad procesal Costas Honorarios Unidad de medida arancelaria (uma) Art. 200 c.p.c. Principio dispositivo Sala i stj jujuy.

¿Quién es el actor?

María Esther Rodríguez, representada por la Dra. Alicia del Rosario Chalabe.

¿A quién se demanda?

Margarita Irene Canchi y Escribano Patricio Lacsi (expte. sobre nulidad de instrumento público).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de instrumento público.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dra. Chalabe (en nombre propio y de María Esther Rodríguez), confirmando la caducidad de la instancia por inactividad procesal; se impusieron las costas a la parte recurrente y se regularon honorarios en $42.594,05 y $60.848,64, respectivamente, con intereses y posible IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Es que, así lo indican las particularidades del caso, a las que debemos estar al momento de evaluar la configuración del instituto bajo análisis (cfr. L.A. Nº 1, Fº 664/667, Nº 176).

Este Superior Tribunal de Justicia dejó establecido, en numerosos pronunciamientos, que la aplicación de la perención de instancia, por ser un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, debe adecuarse a ese carácter; criterio que se compatibiliza con lo establecido por el art. 150, inc. 5º, de la Constitución de Jujuy, que impone la obligación a los magistrados de dirigir el proceso y evitar su paralización (L.A. Nº 46, Fº 1235/1238, Nº 500).

Asimismo, que la caducidad de instancia debe apoyarse en dos supuestos: a) el interés público, comprometido en el desenvolvimiento normal del proceso, evitando su prolongación indefinida en detrimento de una buena administración de justicia; y b) en la presunción tácita de abandono por parte del accionante (L.A. Nº 38, Fº 111/114, Nº 54).

A su vez, sobre esta especial materia, también expuso que la perención es un instituto procesal que no debe funcionar con prodigalidad: en ese sentido la jurisprudencia es rica en precedentes acerca de la interpretación restrictiva que rige para su otorgamiento, debiendo adoptarse, en caso de disyuntiva o de duda, la solución que mantenga vivo el litigio (L.A. Nº 4, Fº 847/851, Nº 196).

En similares términos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó: “la aplicación de la caducidad de la instancia debe adecuarse al carácter restrictivo que es propio a la institución, sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá de su ámbito, temperamento que conduce a descartar su procedencia en los casos de duda razonable en los que debe privilegiarse la solución que mantenga con vida el proceso”. [1]

Siguiendo estos lineamientos, considero que en el caso la parte accionante adoptó una postura pasiva; perdiendo interés en el proceso.

Resulta evidente la configuración de aquél presupuesto básico dispuesto en L.A. Nº 38, Fº 111/114, Nº 54, a saber: la presunción tácita de abandono del proceso; ello así, por parte del principal interesado en su regular tramitación y durante un lapso de tiempo superior al previsto por el código de ritos.

En efecto, de compulsar la causa principal, tenemos que la accionante no realizó ningún acto procesal destinado a impulsar el trámite desde el 16/02/18 (en que se le notificó el decreto de fs. 103) hasta el 16/12/19 (cuando hizo una presentación para instar el trámite a fs. 110); de modo tal que resulta innegable el desinterés en que incurrió por más de un año (art. 200; C.P.C.) para mantener vivo el proceso."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Sergio Marcelo Jenefes y Federico Francisco Otaola adhieren al voto que antecede; no consta disidencia.

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