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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº D-039.140/2021 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala IV- Vocalía 12) Ejecución de Sentencia: Sánchez Manuel Alberto c/ Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E

El recurrente interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el rechazo de la excepción de espera en la ejecución de sentencia contra Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. La Sala I del STJ rechazó el recurso y confirmó la procedencia de la ejecución porque no se acreditaron los recaudos exigidos por la Ley 5320 (certificación de agotamiento de partida y previsiones presupuestarias), imponiendo costas y regulando honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala I-Vocalía 1 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala I-Vocalía 1
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CF-19146/2022
Recurso de inconstitucionalidad Ejecucion de sentencia Ley 5320 Ley 5300 Partida presupuestaria Certificacion de agotamiento Sociedad del estado Costas Honorarios Stj jujuy.

¿Quién es el actor?

Manuel Alberto Sánchez (acreedor en la ejecución).

¿A quién se demanda?

Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. (representada por el Dr. Fernando Raúl M. Zurueta).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de sentencia condenatoria dictada el 20/08/2020 (monto principal $1.327.878 más intereses; interés total considerado en la regulación: $2.972.729,07) y rechazo de la excepción de espera fundada en Leyes 5300/5320 (diferimiento por insuficiencia presupuestaria).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad deducido por la representación de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E.; se impusieron las costas al recurrente; se regularon honorarios en $60.848 para el Dr. Gonza y $42.594 para el Dr. Zurueta; se dispuso que esas sumas devengarán intereses en caso de mora y se ordenó registrar y notificar por cédula.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que conforme el art. 1º inc. c) de la Ley 5320, y lo sostiene la Sala interviniente, no se acreditó con constancia alguna, los recaudos que prevé la Ley 5320 para justificar el diferimiento del pago de la deuda, que no es otro que la debida acreditación de la falta de partida presupuestaria para el pago de sentencias."

"Cabe señalar además, y a mayor abundamiento -como lo hemos sostenido reiteradamente- la sola invocación de la insuficiencia de la partida presupuestaria o la 'certificación de agotamiento' expedida por la propia Fiscalía de Estado, no torna aplicable la Ley 5320. Dicha carencia, en tanto comporta un presupuesto de orden fáctico, debe ser acreditada mediante la certificación de agotamiento de partida por el Contador General de la Provincia; como también debe justificarse, en el sentido riguroso del término, que se han efectuado las previsiones necesarias para incluir el crédito en el ejercicio presupuestario siguiente -art. 1º, incisos d y c de la ley citada-, lo que no se hizo en el caso bajo estudio."

"Más aún a la fecha, la legislatura provincial aprobó el presupuesto provincial correspondiente al año 2.023 por lo que, la acreencia resulta exigible."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Jenefes, Miranda y Otaola integraron la mayoría y adhirieron al mismo voto; no consta disidencia.

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