SENDRA JOSE Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

DESCONOCIDO.

¿A quién se demanda?

DESCONOCIDO.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se discute la nulidad de actos administrativos celebrados por funcionarios que habrían obrado sin atribuciones o excediendo facultades; y la situación contractual respecto de la concesión/arrendamiento de tierras públicas vencido y la posible reconducción tácita del contrato; además la validez de la actuación del Poder Ejecutivo para arrendar bienes del patrimonio público en virtud de autorización genérica (ley 248, art. 14).

¿Qué se resolvió?

DESCONOCIDO en cuanto a la decisión procesal concreta (no hay información sobre quién ganó); el texto del fallo expone fundamentos que: (i) autorizan la nulidad de actos administrativos realizados por funcionarios sin atribuciones o con exceso de poder; (ii) estiman que la continuación por los concesionarios y la aceptación gubernamental posterior al vencimiento implican reconducción tácita del contrato; y (iii) sostienen que el Poder Ejecutivo está facultado para arrendar bienes públicos con base en la autorización genérica del art. 14 de la ley 248 y que la Constitución (art. 99 inc. 4º, 1916) no exige una ley específica para cada caso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Las reglas sobre organización de los poderes y las relativas a la órbita de acción de cada uno de sus funcionarios, son normativas del gobierno y por tanto de orden público. Por ello cuando un funcionario obra sin atribuciones o excede sus facultades al celebrar un acto administrativo o contratar con una persona capaz, ésta puede solicitar la declaración de nulidad del acto por encontrarse afectado el interés general.

El hecho de haber continuado los concesionarios con la explotación de las ripieras y admitido el gobierno tal situación, después de vencido el contrato, importa reconducción tácita del mismo.

Siempre se ha estimado al Poder Ejecutivo facultado para arrendar bienes del patrimonio público y del Estado en función de la autorización genérica acordada por el art. 14 de la ley 248, reglamentaria de la enagenación de tierras públicas. El precepto del art. 99, inc. 4º de la Constitución (año 1916), sobre las facultades del Poder Legislativo para disponer del uso, enagenación de la tierra pública y demás bienes del Estado, no exige actividad legislativa concreta para cada uno de los casos suscitados; la facultad para disponer puede ser genérica.

(No se consignan votos en disidencia en el texto aportado.)