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ANDREU VDA. DE ALARCON CESAREA C/ DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION P/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El actor impugnó la indemnización por expropiación alegando que era baja y cuestionó la calificación de utilidad pública. La Cámara confirmó la valoración anterior: quien reclama suma insuficiente debe aportar prueba que sustente que la estimación es injusta, y la determinación de utilidad pública corresponde a las legislaturas provinciales.
¿Quién es el actor?
Parte expropiada que impugna la cuantía de la indemnización.
¿A quién se demanda?
Estado/provincia (autoridad expropiante).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Incremento de la indemnización por expropiación y/o cuestionamiento de la calificación de utilidad pública.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el agravio relativo a la insuficiencia de la indemnización por falta de prueba que demuestre que la estimación no es justa; se confirmó además que la calificación de utilidad pública corresponde a las legislaturas provinciales respecto de bienes situados en su territorio.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Cuando se reclama, por considerarse baja la indemnización por expropiación, es necesario probar que esa estimación no es justa aportando a los autos los elementos necesarios."
"La facultad de expropiar, esto es, utilidad pública, corresponde a las legislaturas provinciales, que lo hacen respecto de bienes situados en ellas."
(No se aportaron otros párrafos ni votos discordantes en el texto analizado.)
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