CORROZO MARIA I. C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ INCONSTITUCIONALIDAD - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El actor impugnó la remoción por cesantía de un empleado público alegando inconstitucionalidad en la apreciación de la causa. La Suprema Corte sostuvo que la calificación y valoración de la causa de cesantía corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo conforme al art. 128, inc. 10 de la Constitución Provincial y confirmó el rechazo de la revisión judicial.
¿Quién es el actor?
Empleado público afectado por resolución de remoción/cesantía (parte actora que cuestiona la remoción).
¿A quién se demanda?
El Poder Ejecutivo / la Administración pública que dictó la resolución de remoción.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad o inconstitucionalidad de la resolución de remoción por cesantía; revisión judicial de la “causa justificada” invocada por la administración.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la pretensión de revisar judicialmente la remoción; se confirmó que la apreciación de la causa de cesantía corresponde al Poder Ejecutivo y que la valoración de la "causa justificada" no habilita acción de inconstitucionalidad.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Si del sumario instruído en debida forma surge o no una causa de cesantía, es cuestión que atañe exclusivamente al Poder Ejecutivo calificar y valorar porque está dentro de las facultades propias que a ese Poder del Estado le confiere el art. 128, inc. 10 de la Constitución Provincial."
"Las resoluciones de carácter disciplinario no están regladas y la remoción del empleado público no puede ser revisada por el Poder Judicial. La 'causa justificada' de la remoción de un empleado público, la aprecia discrecionalmente el Poder Administrador."
"La 'causa justificada' a que se refiere el art. 30 de la Constitución no puede dar motivo en su valoración a la acción de inconstitucionalidad."
(Se transcriben literalmente los párrafos que el tribunal consideró relevantes; no consta voto en disidencia en el fragmento aportado.)
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