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NARVAIZA JOSE JOAQUIN ARMANDO BURROS Y FERNANDO S. CORIA C/ MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN P/ INCONSTITUCIONALIDAD - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El actor impugnó la validez de un decreto que dispuso su remoción como empleado público por falta de firma en las notificaciones. La Corte declaró inconstitucional el decreto y ordenó que el agente cesante gestione su reincorporación y demás derechos ante la autoridad competente, quedando habilitada la vía contencioso administrativa si ésta denegara total o parcialmente la restitución.
¿Quién es el actor?
Agente público cesante (los accionantes).
¿A quién se demanda?
Autoridad administrativa que dictó el decreto de remoción.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Inconstitucionalidad del decreto que dispone la remoción; cuestionamiento de la validez de las notificaciones (faltan firma y constancia de recepción).
¿Qué se resolvió?
Se declaró inconstitucional el decreto impugnado; se fijó que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad corre desde las fechas en que los actores quedaron notificados en oportunidad de apelarlo; y se estableció que, en caso de declaración de inconstitucionalidad, el agente debe gestionar su reincorporación ante la autoridad administrativa y sólo si ésta deniega total o parcialmente, podrá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El plazo para deducir la acción de inconstitucionalidad del decreto impugnado por los actores debe contarse desde la fecha en que quedaron notificados en oportunidad de apelarlo, toda vez que los accionantes han desconocido validez a las notificaciones que se pretenden practicadas por no existir constancia de la recepción de las comunicaciones respectivas, ni aparecer firmadas las mismas."
"Declarado inconstitucional el decreto que dispuso su remoción, el agente cesante debe gestionar su reincorporación y demás derechos ante la autoridad competente, y si la decisión de ésta fuese denegatoria en todo o en parte, recién se colocará en condiciones de ocurrir a la jurisdicción contencioso administrativa de la Corte."
"El plazo para deducir la acción de inconstitucionalidad del decreto impugnado por los actores debe contarse desde las fechas en que quedaron notificados en oportunidad de apelarlo, toda vez que los accionantes han desconocido validez a las notificaciones que se pretenden practicadas por no existir constancia de la recepción de las comunicaciones respectivas, ni aparecer firmadas las mismas."
(No se consignan votos en disidencia en el texto suministrado.)
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