SENATORE JUAN CALOS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

¿Quién es el actor?

El titular de la anotación de la solicitud inscripta en el Registro de Exploraciones (solicitante de exploración).

¿A quién se demanda?

Terceros interesados en explorar en la misma zona e incluso el Estado que pretenda explorar o reservar la zona.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a excluir a terceros y a establecer reserva sobre la zona anotada en el Registro de Exploraciones; eficacia de la anotación frente a terceros; alcance de la obligación de explotar prevista en el art. 68 del Código Minero; alcance de la prohibición del art. 36 del Código de Minería; ejercicio de la preferencia del propietario.

¿Qué se resolvió?

Se reconoció que la mera anotación de la solicitud en el Registro de Exploraciones confiere a su titular el derecho de excluir a terceros, incluso al Estado, que pretendan explorar en la zona indicada, o establecer una reserva. Se sostuvo que la obligación de explotar del art. 68 no constituye un deber autónomo sino que está vinculado al régimen del pueblo o trabajo obligatorio por operarios; la prohibición del art. 36 es una limitación al derecho de cateo que subsiste mientras exista la concesión; y que la preferencia del propietario prevista en el art. 68 puede hacerse valer dentro de los 20 días mediante la sola manifestación de voluntad o compromiso de explotar.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La mera anotación de la solicitud en el Registro de Exploraciones confiere a su titular el derecho de excluir a terceros, incluso al propio Estado, que pretendiera explorar dentro de la zona en ella indicada, o establecer sobre la misma una reserva."

"La obligación de explotar fijada en el art. 68 del Código Minero, no configuraba una obligación de carácter autónomo, sino que estaba vinculada a la obligación del pueblo o trabajo obligatorio por operarios, que establecía el régimen vigente, ya que no existía en la ley otra fórmula para precisar la importancia y calidad de los trabajos que debe efectuar el propietario, frente a una eventual reclamación del descubridor."

"La prohibición del art. 36 del Código de Minería está incluída dentro de las limitaciones al derecho de cateo y por ello sólo existe mientras se mantenga la mina concedida, tal como ocurre por ejemplo con la prohibición de ocupar sin consentimiento del propietario con trabajos y construcciones mineras, el recinto de todo edificio. Si el edificio desaparece por ser demolido la limitación cesa."

"Al quedar derogado el régimen del pueblo, la preferencia del Código, no tiene oportunidad de aplicarse, pudiendo hacerse valer la preferencia del propietario fijada en el art. 68, dentro de los 20 días de requerido por la autoridad, siendo suficiente para concretarla, la sola manifestación de voluntad o compromiso de explotar la mina, expresada en la solicitud."

(No se consignan votos en disidencia en el material aportado.)