OROZCO DE MUÑOZ, MARIA JOSEFINA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
La actora, docente pública, reclamó nulidad de la cesantía y resarcimiento por daños materiales y morales; solicitó además salarios caídos. El tribunal administrativo superior declaró la nulidad del acto administrativo por falta de motivación y garantía de defensa, reconoció reparación por daño material y moral y la opción a reincorporación o indemnización, pero rechazó el cobro de salarios caídos por aplicación restrictiva de las normas sancionatorias pertinentes.
¿Quién es el actor?
Una docente (empleada pública docente) cesanteada.
¿A quién se demanda?
El Poder Administrador/Estado provincial (administración pública que dictó la cesantía).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la cesantía por falta de sumario y motivación, reincorporación o indemnización; reparación por daños materiales y morales; pago de salarios caídos.
¿Qué se resolvió?
Se admitió la acción contencioso-administrativa para revisar la cesantía, se declaró la nulidad del acto administrativo por vulnerar el principio de legalidad y por ausencia de motivación y debida defensa; se dispuso reparación por daño material y moral (puesta de alternativa entre reincorporación o indemnización conforme art. 53 Dec. 560/73 mod. por ley 4139 en la interpretación mayoritaria). Sin embargo, se rechazó el reclamo de salarios caídos por no corresponder la aplicación de los arts. 50 y 51 del Dec. 560/73 a los docentes y por la interpretación restrictiva de normas sancionatorias; en parte hubo disidencias que proponían distinta solución en cuanto a salarios caídos y carga probatoria.
Fundamentos principales de la decisión (texto transcrito literalmente; se incluyen los párrafos más relevantes y los votos en disidencia cuando están señalados):
"Son cuestiones justiciables las referidas a cesantías dispuestas por el poder administrador sin sumario previo fundadas en la causal de ser el agente 'un factor real o potencial de perturbación del normal funcionamiento del organismo al cual pertenece', siendo la acción contencioso-administrativa la vía apta para atacar el acto administrativo, aunque no se interponga acción de inconstitucionalidad contra la ley o decreto ley que servía de base a los decretos individuales" (Voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci).
"No se discute el derecho de la Administración a prescindir de sus agentes cuando los cargos deben suprimirse por razones de economía y otras igualmente razonables; pero cuando la cesantía implica un juicio de valor sobre la conducta del agente público, tal como ocurre con la expresión 'factor real o potencial de perturbación', la prescindibilidad, el dar de baja, la cesantía, etc., no pueden ser ordenados sin una motivación suficiente y sin que se haya dado al lesionado suficiente derecho de defensa. El acto administrativo dictado contrariando el principo de legalidad es nulo y confiere el derecho a ser restituído en el cargo o a percibir la indemnización correspondiente" (Voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci).
"Corresponde reparar el daño material sufrido cuando se trata de una docente a quien la cesantía le impidió no sólo ejercer la docencia pública, sino que se le cerraron también las puertas de la educación privada e incluso particular, el que se presume por el principio 'in re ipsa locuitur', ya que es de la esencia del derecho procesal el reconocimiento de ciertos hechos que por su sola producción acarrean la prueba del daño. Además, el agravio moral sufrido por quien fue despojado, sin sumario alguno, de un puesto que había obtenido luego de una carrera honorable también debe ser resarcido" (Voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci).
"No corresponde el pago de los salarios caídos, salvo la existencia de norma expresa razonablemente aplicada" (Voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci).
¿Cómo votaron los jueces?
"El carácter resarcitorio del art.53 del Dec.560/73 (modificado por ley 4139) y la circunstancia de que el daño material no ha sido probado por la actora, siendo que éste, en principio, no se presume, imponen el rechazo de la pretensión en este tópico" (Voto del Dr. Mila).
"En la especie no corresponde la aplicación de los arts. 50 y 51 del Dec.560/73, respecto del reclamo de salarios caídos, por cuanto la confrontación de esta última norma con el art. 53 del mismo cuerpo legal, modificado por ley 4139, puede efectuarse la siguiente distinción... el art.53 resultaría aplicable a situaciones en que se produce la separación del agente por causas no determinadas en el Estatuto del Empleado Público otorgándose al empleado la opción consistente en el derecho a la reincorporación o la indemnización prevista en la citada norma" (Voto del Dr. Mila).
"Si la accionante no ha formulado una petición clara y precisa, no se puede acoger la demanda en lo referente a los rubros daños y perjuicios y salarios caídos... el art.34 inc. h) de la ley 3.918... exige la petición o peticiones en términos claros, precisos y positivos" (Voto del Dr. Salvini).
"No es aceptable que la simple reserva sobre la indemnización de daños y perjuicios, debe desdoblarse en daño material y daño moral, máxime cuando la parte no la ha peticionado en forma expresa ni lo ha fundado en derecho" (Voto del Dr. Salvini).
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Normas que cita
- Decreto 560/73 (Provincia De Mendoza)arts. 50, 51, 53
- Ley 4139 (Provincia De Mendoza)
- Ley 3920 (Provincia De Mendoza)art. 2 inc.f
- Ley 2476 (Provincia De Mendoza)art. 6
- Ley 3.918 (Provincia De Mendoza)art. 34 inc. h)
- CÓDIGO CIVILarts. 1069, 522, 1078 · Codigo civil
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