RODRIGUEZ OSCAR GERONIMO Y OTRO C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El demandante impugnó sanción disciplinaria administrativa por presunta falta cometida en el ejercicio de la función pública. La Cámara confirmó la validez del sumario y la sanción: el control jurisdiccional no sustituye la valoración administrativa de la gravedad de la falta, y la absolución penal no impide la destitución si existe causa administrativa.
¿Quién es el actor?
El agente público sancionado (actor/demandante del control jurisdiccional).
¿A quién se demanda?
La administración pública/órgano disciplinario que impuso la sanción.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad o revocación de resolución administrativa de contenido disciplinario (sanción/destitución) por exceso de poder o indebida calificación de la falta.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el control judicial sobre la valoración de la gravedad de la falta realizada por la administración; se confirmó que la absolución o sobreseimiento penal no impide la destitución administrativa cuando existe causa; se rechazó el planteo del actor y se confirmó la sanción.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La resolución administrativa de contenido disciplinario, sólo está sometida a contralor jurisdiccional cuando el órgano de aplicación ha excedido los límites de su facultad de apreciación establecidas en reglamentaciones vigentes -lo que no ocurre en el subjudice- pues es facultad privativa de la administración y no del órgano jurisdiccional, apreciar la gravedad de una falta cometida por el agente para adecuar la sanción disciplinaria."
"La absolución o sobreseimiento en sede penal, no obsta a la destitución del agente cuando existe causa para ello, ya que un hecho puede no constituir delito pero sí falta administrativa grave. No puede aceptarse que exista irregularidad al haberse seguido con la instrucción del sumario administrativo no obstante la resolución favorable recaída en los juicios penales (Voto mayoría)."
¿Cómo votaron los jueces?
"Aún admitiendo la existencia de un derecho penal administrativo con cierta autonomía, nuestros autores se pronuncian por la aplicación de la normativa general del Código Penal en ausencia de las disposiciones pertinentes en la ley especial y siempre que sean congruentes con la naturaleza jurídica de la falta; por tal razón, rige la regla 'in dubio pro imputado'."
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