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Tribunal Superior

ANDALUZ DE ROSAS RICARDO MANUEL C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

Un agente público excluido del Estatuto impugnó la orden de sustanciación de un sumario administrativo. El tribunal sostuvo la legitimidad del poder administrador para ordenar el sumario y afirmó que la exclusión del estatuto no impide la sustanciación del proceso administrativo, por cuanto éste garantiza el debido proceso.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
41109
Arbitrariedad Debido proceso Sumario administrativo Multas Regimen legal Empleados publicos Sanciones disciplinarias Constitucion provincial Poder administrador Exclusion estatuto

¿Quién es el actor?

Un agente/funcionaria pública excluida del Estatuto del Empleado Público (no surge nombre).

¿A quién se demanda?

La autoridad administrativa/Estado provincial (no surge identificación concreta).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la exclusión del Estatuto y/o de la orden de sustanciación de un sumario administrativo; definición del régimen aplicable a empleados públicos no comprendidos en el estatuto general.

¿Qué se resolvió?

Se reconoce la facultad del poder administrador para ordenar la sustanciación del sumario respecto de agentes no incluidos en el Estatuto, y se afirma que la exclusión estatutaria no priva, per se, de la posibilidad de imponer determinadas sanciones disciplinarias ni de someter al agente al procedimiento sumarial, siempre dentro de los límites constitucionales. Se distingue además entre sanciones que requieren norma previa (multas) y otras sanciones disciplinarias que pueden imponerse con las garantías del debido proceso aun sin norma previa expresa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La falta de inclusión de un agente o funcionario en el estatuto produce la privación en el goce de los derechos y garantías establecidos en él, no rigiendo en su caso las limitaciones de las facultades del poder administrador allí regladas, las que pueden ejercerse con plena amplitud sin más restricciones que las impuestas por las Contitución Provincial en torno a la arbitrariedad.

La exclusión de una agente de los alcances del Estatuto del Empleado Público no puede justificar su oposición para la sustanciación del sumario administrativo ordenado por la autoridad administrativa, toda vez que el poder administrador se encuentra legítimamente facultado para ello (art. 128, inc.1 Const. Pcial.). Tampoco puede calificarse de arbitrariedad a la resolución que ordena el sumario, por cuanto la sustanciación del mismo implica, precisamente, la garantía del debido proceso.

Para determinar cuál será el régimen aplicable a los funcionarios o agentes de la administración pública no comprendidos en el estatuto general y que no tengan estatuto especial, debe distinguirse si se trata de la aplicación de sanciones disciplinarias o de cuestiones ajenas a estas. En el primer caso se debe diferenciar según el tipo de sanción de que se trate, ya que hay ciertas sanciones que por implicar medidas de obvia sustancia penal requieren norma previa anterior al hecho (multas), mientras otro tipo de sanciones, aún cuando requieran previa audiencia del imputado y las medidas asegurativas del debido proceso legal, pueden aplicarse sin norma previa, pues su admisión está contenida explícitamente en todo contrato administrativo, inclusive en la relación de función o empleo público. (Voto ampliatorio Dra. Carlucci).

(No se consignan votos en disidencia en el material provisto.)

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