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Cámara de Apelaciones

RECURSO DE APELACION EN C-097992/2017 ENFERMEDAD/ACCIDENTE DE TRABAJO: CHAMBI, JOSE LUIS C/ ESTADO PROVINCIAL - POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY

El actor promovió demanda por enfermedad/accidente de trabajo contra el Estado Provincial - Policía de la Provincia de Jujuy por incapacidad del 29% y pago indemnizatorio. La Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al recurso de apelación y ordenó modificar la liquidación condenatoria, actualizando el crédito conforme a criterio de adecuación (CER más tasa pura 6% anual) y diferir regulación de honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Cámara de Apelaciones del Trabajo - Sala I - Vocalía 1 (JUJUY)
Fuero
Cámara de Apelaciones del Trabajo - Sala I - Vocalía 1
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
19097/2024
Recurso de apelacion Accidente/enfermedad de trabajo Liquidacion indemnizatoria Ripte Cer + 6% anual Intereses compensatorios y moratorios Ley 24.557 / ley 26.773 Decreto 669/19 (no aplicable retroactivamente) Costas y regulacion de honorarios Principio nominalista / deudas dinerarias

¿Quién es el actor?

José Luis Chambi, representado por el Dr. Daniel Héctor Lemir.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial - Policía de la Provincia de Jujuy.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reparo por enfermedad/accidente de trabajo, determinación de incapacidad (29%) y liquidación indemnizatoria (capital e intereses).

¿Qué se resolvió?

La Cámara I de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor, revocando la forma de liquidación dispuesta por el a quo y ordenando actualizar el crédito conforme a la pauta adoptada (CER más tasa pura 6% anual) hasta la fecha de efectivo pago; costas por el orden causado; regulación de honorarios diferida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En primer lugar diré que los cálculos efectuados por el a quo para fijar el monto de condena se encuentran realizados en forma correcta, teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación, esto es, el día 23 de septiembre de 2015; por ello, se ajustan las remuneraciones correspondientes al año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante con índice RIPTE y luego a la fórmula con tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; pero no le alcanzan las mejoras previstas por la Ley 27.348. Por ello no se puede aplicar en forma retroactiva el Decreto 669 y tampoco el incremento de 2,5 veces la tasa activa, cuestiones que ya fueron resueltas reiteradamente por nuestra Suprema Corte de Justicia.-

Pero en lo que respecta al incremento del monto indemnizatorio hasta la fecha de la sentencia no puedo desconocer que, en materia de obligaciones rige el principio nominalista, me refiero a las deudas dinerarias para distinguirlas de las deudas de valor las que no están determinadas por una cifra, valor que se traducirá en dinero de acuerdo a la comparación con otros valores; esta cuestión está presente cuando se averigua sobre el valor actual de las reparaciones. La sentencia recepta el valor del daño y el mismo está contemplado al momento de la primer manifestación invalidante, es estimatoria del mismo y procura convertir el valor en una obligación expresada en moneda o sea en dinero; en ese sentido se hace necesario determinar la forma de mantener los más incólume posible el valor resarcible, ello por cuanto media un tiempo entre la determinación originaria y el efectivo pago, período en que la cantidad de moneda se deprecia como consecuencia de la inflación.-

Sabido es que los intereses no representan un justo resarcimiento cuando el acreedor sufre un proceso inflacionario, en ese entendimiento la ley (art. 771 del C.C. y C.) establece un criterio objetivo para readecuar la tasa de interés que resulte excesiva; por ello somos los jueces los encargados de atemperar las distorsiones que pudieran producirse cuando resulta comprometido el orden público. Es por ello que es necesario distinguir las deudas de valor de las deudas dinerarias; en estas últimas el objeto es la entrega de una suma de dinero, lo debido es dinero y es el modo de pago, mientras que la deuda de valor el objeto es un bien que es medido en dinero. En las obligaciones dinerarias siempre se debe la misma cantidad de dinero aunque el mismo se deprecie, mientras que en las deudas de valor lo debido es el bien que se valoriza al momento del pago en una cantidad de dinero, es decir el dinero varía según el aumento del precio del bien (Llambías, Jorge, ¿Hacia la indexación de las deudas de dinero?, E.D. 63-871). La jurisprudencia nos enseña que no siempre la fijación de intereses según criterio judicial y a fin de mantener incólume el valor de la deuda, es el camino que nos conduce a una reparación justa y equitativa; esa tarea a la que nos debemos exige prudencia a fin de que no desborde límites razonables y considerando que a partir de la mora se deben intereses, conforme la pauta que autoriza el art. 768 del C.C. y C. podemos recurrir a tasas que fijen reglamentaciones del Banco Central. En ese sentido considero como pauta justa y razonable la adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en Acta del 14.03.2024 como consecuencia de lo resuelto por la CSJN en la causa “Oliva”; expresa que: “…Que, el análisis integral del derecho vigente permite advertir la presencia de herramientas jurídicas que prima facie permiten sobrellevar el impacto nocivo que provoca la inflación sobre la sustancia de los créditos, ya sea que se ubique el razonamiento en el ámbito de las deudas dinerarias como en el plano de las deudas de valor... esta Cámara Nacional del Trabajo considera pertinente reemplazar el Acta Nro. 2764 del 07.09.2022 por la que se dicta a través de la presente, mediante la cual recomienda la adecuación de los créditos laborales sin tasa legal, de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, calculadas desde la fecha de exigibilidad del crédito diferido a condena hasta la fecha del efectivo pago.” Del mismo modo la aplicación del art. 770 inc. b) del C.C. y C. debe tenerse como única capitalización establecida la de la fecha de notificación de la demanda y se computa exclusivamente sobre la tasa pura del 6% anual. En ese sentido considero justo y equitativo, prudente y necesario que el crédito a determinarse en el fallo a dictarse por el juez a quo al 23/02/2024; se actualice de acuerdo al CER con más la tasa pura del 6 % anual."

"En conclusión considero que corresponde hacer lugar al recurso de apelación planteado por el Dr. Daniel Héctor Lemir en representación del actor Sr. José Luis Chambi, en fecha 04 de abril de 2024 mediante escrito digital Nº 1150469 en contra de la sentencia definitiva dictada por la Vocalía Unipersonal Nº 3 de la Sala I del Tribunal del Trabajo, con costas por el orden causado, ya que no existe una decisión pacífica, como lo demuestran los constantes cambios jurisprudenciales al respecto. Considerando en este caso que la forma de incrementar las indemnizaciones previstas en la ley de riesgos dispuesta precedentemente, es la más justa y equitativa, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que afecta al país en los últimos años (art. 95 segundo párrafo del CPT); difiriéndose la regulación de honorarios para cuando se determine el nuevo monto de condena en la Vocalía de origen.-"

¿Cómo votaron los jueces?

Voto de mayoría integrado por los Dres. Chazarreta y Guesalaga, adhiriendo el segundo al primero. No se registran votos en disidencia.

Normas que cita

  • Ley 24.557arts. 12, 14 · Ley de riesgos del trabajo
  • Ley 27.348Riesgos del trabajo
  • Decreto 669
  • Ley 26.773Riesgos del trabajo
  • Constitución Nacionalarts. 14 bis, 17, 18, 75 inc. 23 · Constitucion nacional
  • CPC (Jujuy)art. 45 inc. 3
  • CCyCNarts. 768, 770 inc. b), 771 · Codigo civil y comercial de la nacion
  • CPT (Jujuy)art. 95

Fallos que cita

  • OlivaCSJN
  • ZamudioSTJ
  • Borda, Fabián Guillermo vs. Provincia de Santa FeCSJ Santa Fe · 06/08/2019

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