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Tribunal Superior

HERNÁNDEZ, VERÓNICA EDITH EN J: HERNÁNDEZ, VERÓNICA EDITH C/ HIDALGO LÓPEZ, RODEMIR EUGENIO; MARTÍN MIGUEL; JUNCAL CÍA. DE SEG. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACIÓN

La actora reclamó daños y perjuicios por lesiones sufridas en un accidente de tránsito, incluyendo incapacidad, daño moral y estético, y gastos médicos. La Suprema Corte modificó la sentencia de alzada, incrementó la condena total a $30.000 por responsabilidad civil solidaria de los demandados y ajustó costas y honorarios por lo resuelto.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
76343
Accidente de transito Dano moral Danos y perjuicios Costas Honorarios Gastos medicos Incapacidad Dano estetico Recurso de casacion Recurso de inconstitucionalidad

¿Quién es el actor?

Verónica Edith Hernández (representada por Proc. Jorge Valentín Becerra Giuliani).

¿A quién se demanda?

Rodemir Eugenio Hidalgo (autor), Miguel (Miguel Ángel Marín) y Juncal Compañía de Seguros de Autos y Patrimoniales S.A. (citada en garantía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito (daño emergente, incapacidad/futuro, daño estético, daño moral, tratamiento psicológico, gastos de medicamentos y traslado), por un total reclamado originalmente de $101.330.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad y en su totalidad al recurso de casación; se modificó la sentencia de la Cámara reducida y se condenó solidariamente a los demandados al pago de $30.000 más intereses, con imposición y distribución de costas y regulación de honorarios conforme se detalla en el dispositivo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (texto original):

"En mi opinión, coincidente con la del Sr. Procurador, acierta el recurrente cuando afirma que el tribunal de apelaciones ha omitido una prueba decisiva, cual es el informe de la clínica Sananes, que presupuestó el tratamiento en $ 1.200. La omisión de esa prueba decisiva es manifiesta; en efecto: (A) El tribunal reconoce que aunque se pertenezca a una mutual, algunos gastos no son cubiertos por el organismo y deben ser afrontados por la víctima; (B) Fija una suma que coincide exactamente con lo presupuestado por el médico, por lo que si otorga sólo esa suma, queda sin reparar un mínimo de gastos que se reconoce se realizan, aunque no se tenga documentación.

Esta omisión de prueba relevante impone que debe hacerse lugar a este agravio y confirmar la sentencia de primera instancia que los fijó en $ 2.000, suma que comprende, razonablemente, ambas cuestiones."

"Coincido también con el Sr. Procurador General en el sentido que el monto de $ 8.000 no está suficientemente fundado. En efecto:

el tribunal afirma que el juez civil no está obligado a seguir las pautas fijadas por la legislación laboral; el aserto es correcto, y es usado por la jurisprudencia del país, generalmente, para justificar que no se está 'atado' a montos bajos, justificados de alguna manera porque el trabajador encuentra una respuesta rápida a los servicios de salud, inexistentes en el caso de los accidentes de tránsito; en el caso, en cambio, el tribunal no dice por qué se aparta de incapacidades menores a las fijadas en sede laboral.

La sentencia reconoce que la actora ha sufrido una serie de limitaciones parciales y permanentes, pero afirma, sin fundamentación bastante, que no ha tenido incidencia en el ámbito laboral. Esta conclusión no se adecua a las constancias de la causa pues si bien es cierto que la víctima siguió trabajando, las testimoniales rendidas, antes reseñadas, indican que ya no lo hace; es verdad que el autor del ilícito no tiene porqué cargar con las consecuencias de la desocupación, pero también lo es que si el daño estético causado genera dificultades para obtener nuevos empleos (como es el caso, desde que la víctima presenta lesiones estéticas en el rostro), la disminución de esas chances configura un daño que debe ser indemnizado."

"De conformidad al resultado a que se arriba en el tratamiento de la primera cuestión, corresponde hacer lugar, parcialmente, al recurso de Inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 392/400, estableciendo como monto de condena la suma de $ 30.000."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto que expone las consideraciones anteriores corresponde a la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci y cuenta con adhesión de los Dres. Moyano y Nanclares (decisión colegiada).

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