SUTE C/ D.G.E. P/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) solicitó declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones n.º 0021, 0022, 0023 y 0025/2001 de la Dirección General de Escuelas que reorganizaron modalidades, orientaciones y carga horaria del nivel polimodal. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la acción por entender que el sindicato está legitimado pero que las resoluciones regulan materias técnicas reglamentarias dentro del margen de discrecionalidad administrativa y no son irrazonables.
¿Quién es el actor?
Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (S.U.T.E.), por Gustavo Alberto Maure, Secretario General.
¿A quién se demanda?
Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza (D.G.E.) y se intervino la Fiscalía de Estado.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones n.º 0021, 0022, 0023 y 0025 (año 2001) dictadas por la D.G.E., que aprobaron modalidades y orientaciones del nivel polimodal, especialidades técnico-profesionales y distribución de espacios curriculares y cargas horarias; se alega violación de múltiples artículos de la Constitución provincial, competencia indebida del órgano administrativo, afectación de derechos de los docentes (reducción de horas, pérdida de fuentes de trabajo de suplentes, rebaja remuneratoria) y falta de razonabilidad.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la acción de inconstitucionalidad. Se impusieron las costas a la parte actora y se regularon honorarios conforme al dispositivo. La Sala entendió que el sindicato tenía legitimación para actuar, pero que las resoluciones impugnadas regulan materias de carácter técnico y curricular reglamentarias, atribuibles a la D.G.E. y sometibles a control judicial limitado que no advirtió arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta que justificara su anulación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por lo expuesto, debe rechazarse la defensa de falta de legitimación, y la defensa de falta de representación, que es su consecuencia."
"En mi opinión, la respuesta es negativa; explicaré por qué:
a) Las resoluciones impugnadas, a diferencia de lo que ocurre con la ley 37 y sus sucesivas modificaciones hasta llegar a la vigente ley 6970, no establecen los principios y fines de la educación, ni los derechos y obligaciones del Estado, los alumnos, los padres, los trabajadores de la educación, ni establecen los lineamientos generales del sistema educativo, ni sus objetivos, ni la estructura, etc. etc.
Por el contrario, se limitan a las modalidades a ser aplicadas a partir del ciclo 2001 para cumplir con el Pacto Federal de Educación que la provincia aprobó por ley de la provincia. Se trata de materia esencialmente técnica, desde que resuelve los espacios curriculares, qué materia se dicta en cada año, qué carga horaria tiene, etc., aspectos que por su especial enfoque ha sido siempre reglamentada por resoluciones de la DGE."
"Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis colegas de Sala, corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad deducida."
(Votos de los Dres. Aída Kemelmajer de Carlucci, Fernando Romano y Carlos Moyano: los Dres. Romano y Moyano adhieren al voto que antecede.)
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Fallos que cita
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