LUCERO DE BENVENUTTI, MIRTHA RAQUEL EN J°28.583 LUCERO DE BENVENUTTI, MIRTHA RAQUEL C/ PROVINCIA DE MENDOZA Y OTRO P/ ORDINARIO S/INCIDENTE CASACIÓN
La actora reclamó el pago de gastos médico‑farmacéuticos y otras prestaciones por incapacidad laboral derivada del trabajo. La Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia modificó parcialmente la sentencia de Cámara, condenando solidariamente a la Provincia de Mendoza y al Hospital Diego Paroissien al pago de $3.976,78, declaró la inconstitucionalidad de la ley 7198 y fijó la tasa de interés aplicable.
¿Quién es el actor?
Dra. Mirtha Raquel Lucero de Benvenutti.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza y Hospital Diego Paroissien.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago de gastos médicos y farmacéuticos y demás rubros vinculados a incapacidad laboral (crédito devengado el 02/05/96).
¿Qué se resolvió?
Admitió parcialmente el recurso de casación y modificó la sentencia de la Segunda Cámara del Trabajo para condenar solidariamente a la Provincia de Mendoza y al Hospital Diego Paroissien al pago de PESOS 3.976,78; declaró la inconstitucionalidad de la ley 7198; fijó el cómputo de intereses desde el 02/05/96 con las tasas y recargos que se detallan en el dispositivo; confirmó que no prospera la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva en el sentido de excluir a la Provincia; impuso costas a la demandada vencida en cuanto prospera el recurso; diferimiento de regulación de honorarios. Voto de mayoría integrado por los Dres. Llorente, Salvini y Böhm (unanimidad en el acuerdo).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Así el art. 2 de la ley 24028 establece claramente que “....Los empleadores serán responsables en las condiciones y con los límites establecidos en esta ley por los daños psicofísicos sufridos por sus trabajadores por el hecho o en ocasión del trabajo durante el tiempo en que éstos estuvieren a disposición de aquéllos, en y para la ejecución del objetivo del contrato de trabajo....” Este concepto fija el límite material de responsabilidad del empleador quien no debe responder por aquellos daños y consiguientes gastos que reconozcan como causa el hecho o circunstancia que carezca de vinculación con el trabajo. Es decir que cuando la contingencia que produce el daño al trabajador es independiente del trabajo, la situación no cae en la regulación legal establecida por la ley 24028, sino en la ley 5811.
Ahora bien, en situaciones como las que nos ocupa donde concurren factores atribuibles al trabajo y ajenos al mismo, el empleador sólo debe responder en la medida de la incidencia de los primeros como acertadamente ha resuelto del tribunal de origen.
En este sentido el art. 2 de la ley 24028 expresamente establece que “....en caso de concurrencia de factores causales atribuibles al trabajador y factores causales atribuibles al trabajo, sólo se indemnizará la incidencia de estos últimos, la que será determinada por la autoridad administrativa o judicial según correspondiere.....”
En el contexto analizado es que debe ser interpretado el art. 10 de la citada ley, que dispone: “... Además de la indemnización prevista en el inc. d) del art. 8, el trabajador afectado de incapacidad laboral temporaria tendrá derecho a percibir de su empleador, gratuitamente, toda la asistencia médica y farmacéutica que requiera su estado de salud....”; por su parte el art. 8, inc. d) dispone: “.... Corresponderán al trabajador o sus causahabientes, según el caso, las siguientes indemnizaciones:... d) La incapacidad laboral temporaria se indemnizará con una suma igual al ciento por ciento (100%) del salario diario, que se abonará por cada día hábil transcurrido desde la primera manifestación invalidante....”
El quejoso sostiene con fundamento en esta última disposición transcripta que le asiste derecho al pago del 100% de los gastos incurridos y no sólo en la proporción de la incapacidad sufrida y que tiene origen en su desempeño laboral.
Esta interpretación no guarda relación con el contexto analizado ya que la indemnización establecida por el art. 8, inc. d) se refiere a los salarios de enfermedad que se pagan en su totalidad y en un todo de acuerdo con lo dispuesto también por el art. 40 y sgtes. de la ley 5811. Pero estos salarios por enfermedad, que deben ser abonados en su totalidad, no pueden ser confundidos con el pago de los gastos los que son afrontados por el empleador en la medida de su responsabilidad.
En conclusión la interpretación dada por el sentenciante al art. 10 de la ley 24028 es acertada y corresponde el rechazo del recurso en el punto analizado."
"Recién por Decreto n° 1135 de fecha 13 de agosto de 1996, publicado en el B.O. de fecha 30-08-96, el Poder Ejecutivo incorpora al Hospital Diego Paroissien al régimen de descentralización establecido por la citada ley.
Se dispuso que esa descentralización operara desde el día 1 de agosto de 1996 (art. 1) fecha desde la cual se produce la modificación de la planta de personal, la que es transferida a la nueva unidad organizativa descentralizada (art. 3). También se le transfiere a partir de esa fecha los saldos disponibles de créditos presupuestarios (art. 4) y los bienes muebles que se individualizan (art. 5). Estas disposiciones tornan operativa la descentralización dispuesta.
Frente a ello y teniendo en consideración que ha quedado firme, por no mediar controversia en el punto, la fecha (02-05-96) en que se devengó el crédito que ha sido reconocido por la sentencia de grado, no cabe duda que es el Gobierno Provincial el sujeto legitimado pasivo de la relación laboral causa del mismo, sin que sea procedente la pretensión de tomar en consideración la situación jurídica del nosocomio al momento de la interposición de la demanda como argumenta la accionada.
No obstante ello cabe destacar que el art. 2 de la ley 24028 sienta como regla general la obligación de exigir la indemnización al último empleador en el caso de minusvalía sufridas por el trabajador que se desempeñó para sucesivos empleadores desvinculados entre sí. Y de las constancias arrimadas a la causa surge que al momento del cese de la relación de empleo público de la actora (01-06-98) la misma revistaba en el Hospital Diego Paroissien ... Siendo entonces la Provincia de Mendoza quien cedió el establecimiento al Hospital Diego Paroissien, es que debe responder en forma solidaria por las obligaciones impuestas por la ley 24028 ..."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Llorente expone fundamentación y propone la modificación; los Dres. Salvini y Böhm adhieren. El dispositivo final refleja la decisión del acuerdo (mayoría).
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Leyes que cita
- Ley 24.028Accidentes de trabajo
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