CASTAGNINO, ALFREDO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ A.P.A.
El actor promovió acción procesal administrativa para que se deje sin efecto la adscripción dispuesta por Decreto N° 951/2003 y se condene a la Provincia por daño moral. La Sala Primera rechazó la demanda por inexistencia de lesión de derechos o disminución en las condiciones de prestación que permitiera acreditar desviación de poder.
¿Quién es el actor?
Alfredo Castagnino.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (Ministerio de Ambiente y Obras Públicas).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación del Decreto N° 951 (20.06.2003) que ratificó la adscripción del actor a la Dirección de Administración y Contratos del Ministerio (zona Sur); reclamó asimismo reparación por daño moral y solicitó medida cautelar (concedida en autos).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la acción procesal administrativa; se impusieron las costas a la parte actora y se regularon honorarios conforme ley arancelaria. Votos mayoritarios de los Dres. Pérez Hualde y Romano; Dra. Kemelmajer de Carlucci se hallaba con licencia y no suscribió.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El planteo en que se funda la demanda consiste en sostener que el acto administrativo de disposición de cambio de destino de prestación de sus servicios por parte del actor ha estado viciado por desviación de poder, es decir, afectado por el vicio en la voluntad en la emisión del acto (art. 38 Ley de Procedimientos Administrativos 3909 L.P.A.) el cual está calificado legalmente como grave (art. 63 inc. 6) L.P.A.) y acarrearía la nulidad del acto (art. 72 inc. b) L.P.A.) correspondiendo su revocación en sede judicial.-
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Para demostrar la presencia del vicio de desviación de poder es necesario acreditar en primer lugar la afectación en algún grado de alguno de los derechos del agente, y ello no ha ocurrido en estos actuados.-"
"El actor no ha demostrado el perjuicio que le ocasiona el cambio de lugar de prestación de sus funciones. No ha demostrado diferencias ni en el lugar geográfico de prestación, ni en el horario, ni en la carga laboral, ni en la naturaleza de la función, ni en el escalafón, ni en el régimen de cumplimiento, ni en la remuneración.
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El agente público goza de numerosos derechos pero ninguno de ellos le permite exigir cuál será la función que deberá cumplir. Ello queda razonablemente a criterio de sus superiores. Y en el caso no se ha destinado a algún cargo ajeno a su capacitación y especialidad profesional (ingeniero mecánico) y de postgrado (administración de empresas del Estado)."
Si bien el actor probó la existencia de denuncias y conflictos con sus superiores, el Tribunal concluye que "la ausencia de demostración de alguna disminución en las condiciones de presentación de sus servicios en la repartición de destino (Administración de Contratos) le impide demostrar también la finalidad persecutoria, o de castigo, o de reprimenda, o de exclusión, necesarios para determinar la existencia del vicio de desviación de poder atribuido al acto atacado."
¿Cómo votaron los jueces?
no existe voto en disidencia relevante. La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci no suscribió por hallarse en licencia.
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