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Tribunal Superior

JARA, NANCY INÉS EN J° 39.134 COMPULSA EN J° 109.651 SANCHEZ JORGE EN J° 78.723 ABALOS VÍCTOR A. C/ NATALIO MANCUSO P/ RES. CONT. EJEC. SENTENCIA S/ INC. CAS.

La recurrente impugnó por inconstitucionalidad la resolución de la Cámara que rechazó su pretensión de recibir 441.300 bonos para cancelar honorarios por $441.300. La Suprema Corte de Mendoza rechazó el recurso por considerar razonada la interpretación contractual de la instancia de grado y declaró que no existe arbitrariedad en el pronunciamiento apelado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
91171
Costas Arbitrariedad Honorarios Regulacion de honorarios Interpretacion contractual Doctrina de la arbitrariedad Cesion de creditos Bonos de consolidacion Derecho privado Ley 23.982 F | caratula | tribunal | fecha | expediente | fallos | relacion | | cita --fin-citas--- | menciona 1 | 2 | 3 | (ll 145-398 y nota) | csjn | (l.s. 188-446) | (l.s. 209-348) |

¿Quién es el actor?

Dra. Nancy Inés Jara (recurrente), actora en la incidencia.

¿A quién se demanda?

Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Paz y Tributario (sentencia recurrida); partes originarias: Sr. Jorge Horacio Sánchez (cedente) y cesionario/actor originario.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se reconozca como pactada la entrega de 441.300 bonos de consolidación para cancelar el crédito por honorarios de $441.300; impugna la interpretación de la Cámara que entendió la cesión como “la cantidad de títulos bonos... necesarios y suficientes para cancelar la totalidad de la deuda que por honorarios… asciende a la suma de $ 441.300”.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad; se impusieron las costas a la recurrente y se regularon honorarios (monto detallado en el dispositivo).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En este sentido tiene dicho el Tribunal siguiendo el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (LL 145-398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local, no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. En principio, tal doctrina reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; por lo que, si la sentencia es suficientemente fundada, cualquiera sea su acierto o error, es insuceptible de la tacha de arbitrariedad.

En esta línea de pensamiento se ha dicho que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S 188-446, 209-348, etc)."

"Conforme con dicha plataforma fáctica, entiendo que ninguno de los agravios deducidos por la recurrente, logra desvirtuar la conclusión a la que arriba la instancia de grado.

En efecto, los cuestionamientos referidos a la naturaleza de orden público que revisten las leyes de consolidación no resultan procedentes, en razón que tal calidad, ha sido expresamente reconocida por la sentenciante, quien reitera que la cuestión a dilucidar, se encuentra bajo la órbita del derecho privado, en cuyo ámbito las partes pactaron libremente, circunstancia ésta que no ha sido desvirtuada en la causa.

Las alegaciones deducidas en torno al valor de los bonos considerado en la sentencia, devienen igualmente improcedentes, en razón que, contrariamente a lo que se afirma, la Cámara se limitó a considerar lo pactado por las partes, esto es: la cantidad de bonos suficientes para cancelar la suma de $ 441.300, es decir, que lo que los contratantes tuvieron en miras al celebrar la cesión, fue el valor real de los bonos, porque como lo sostuvo el Tribunal, de haber sido otra la intención, la misma hubiese tenido otra expresión al momento de redactarse el convenio, dejándose aclarado que se cedían 441.300 bonos. La recurrente insiste en criticar la interpretación dada por la sentencia de mérito, pero no logra acreditar su arbitrariedad, desde que no da explicación fundada de la razón por la que se consignó la expresión 'cantidad de títulos bonos…que sean necesarios y suficientes para cubrir la totalidad de la deuda…', a la que no corresponde darle otro significado que el que literalmente expresa, ante la claridad de sus términos. La interpretación pretendida por la recurrente, implica forzar el texto del convenio, para hacerle decir lo que en realidad no dice."

¿Cómo votaron los jueces?

Decisión unánime; los Dres. Romano, Kemelmajer de Carlucci y Pérez Hualde adhieren.

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