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Tribunal Superior

FISCALÍA DE ESTADO EN J° 18.859 PEREZ, O. C/ GOBIERNO DE MENDOZA P/ A.O.A. S/INC.-CAS.

La Fiscalía de Estado impugnó el auto que rechazó la aplicación del procedimiento de pago previsto por el Decreto-Ley 3.839/57 y el art. 44 de la ley 6.754 en la ejecución de una condena por despido. La Sala Segunda hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocó el auto recurrido para ordenar el cumplimiento del procedimiento del Decreto 3.839/57 (art. 230 CP C) y sobreseyó el recurso de casación, imponiendo costas a la actora.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
92177
Derecho de defensa Imposicion de costas Inconstitucionalidad Ejecucion contra el estado Proceso laboral Fiscalia de estado Registro de deuda Decreto-ley 3839/57 Ley 6.754 art. 44 Art. 230 cp c.

¿Quién es el actor?

Fiscalía de Estado.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Mendoza (en los autos principales la actora es Olga Pérez).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

discusión sobre el procedimiento aplicable para el pago de una condena contra el Estado provincial dictada por despido incausado (aplicación del art. 44 de la ley 6.754 y Decreto-Ley 3.839/57 vs. ejecución según reglas del CPC).

¿Qué se resolvió?

Se admitió el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por Fiscalía de Estado y se revocó el auto recurrido; se dejó redactado el auto para hacer lugar al recurso de reposición y disponer que se dé cumplimiento al procedimiento establecido por el Decreto 3.839/57 (incorporado al art. 230 del C.P.C.). Se sobreseyó el recurso de casación. Se impusieron las costas a la parte actora (Olga Pérez) y se diferirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (lenguaje original del tribunal):

"De acuerdo con la Constitución Provincial, el Estado puede ser demandado y desde luego condenado judicialmente. La Legislatura debe prever el modo y forma de verificar el pago y según la Constitución el trámite no puede durar más de tres meses. Para ello se sancionó el decreto ley 3.839/57 que reglamenta en una primera época el trámite de ejecución de sentencias contra el Estado, exigiendo la notificación por cedulón antes del requerimiento administrativo de cobro que no reglamente específicamente. Si en el término de 20 días hábiles, el Estado no paga, el Juez debe dar continuidad al proceso de ejecución de sentencias en una situación similar a la de cualquier particular."

"El relato de la secuencia procesal descripta pone en evidencia que el Tribunal de la causa no ha dado cumplimiento al procedimiento expresamente establecido por el mismo para el cumplimiento de la sentencia dictada ni del régimen legal aplicable. Por ello concluyo que le asiste razón al recurrente en cuanto a que ese incumplimiento ha afectado su derecho de defensa y debido proceso legal lo que autoriza, en acuerdo con el dictamen emitido por el Sr. Procurador General de este Tribunal, la recepción del recurso de inconstitucionalidad interpuesto."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Llorente motiva y propone la revocación del auto; el Dr. Böhm adhiere al voto que antecede. No firma el Dr. Salvini por licencia.

Normas que cita

  • Constitución (Provincia De Mendoza)arts. 160, 128, inc. 14, 99, inc. III, 84
  • C.P.C. (Provincia De Mendoza)arts. 140, 141, 150, 159, 230, 148
  • Decreto-ley 3839/57 (Provincia De Mendoza)
  • Ley 6754 (Provincia De Mendoza)art. 44
  • Ley 6871 (Provincia De Mendoza)

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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