FERREYRA FILADELFO EN J° 7.782/45.678 FERREYRA FILADELFO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA C/ P/ EXPROPIACIÓN INVERSA P/ INC. CAS.
El propietario promovió acción de expropiación inversa contra la Provincia por las restricciones derivadas del Decreto Ley 3917/1982 y la proliferación de fauna en su campo. La Sala Primera confirmó la revocación de la sentencia de primera instancia y rechazó la acción por entender que es requisito indispensable la existencia de una ley previa que declare la utilidad pública y su expropiación.
¿Quién es el actor?
Filadelfo Ferreyra.
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Mendoza.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de expropiación inversa por la supuesta restricción y toma de posesión indirecta del campo del actor derivada del Decreto Ley 3917/1982 (Reserva Total El Payén), y la consecuente indemnización por daños y perjuicios.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los recursos de inconstitucionalidad y casación del actor y se confirmó la sentencia de la Segunda Cámara de Apelaciones que había revocado la sentencia de primera instancia. Se impusieron las costas al recurrente y se diferenció la regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes (texto original del tribunal):
"La competencia para la calificación o declaración de utilidad pública a los efectos de la expropiación, le corresponde exclusivamente al órgano legislativo. La Constitución es clara y terminante al respecto: 'la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley' (artículo 17 CN). Se ha entendido que nadie mejor que los propios representantes del pueblo para determinar cuándo existe y cómo debe satisfacerse un requerimiento público."
"Teniendo en cuenta los estrictos límites legales que regulan la procedencia de los recursos extraordinarios ante esta Sede, en respuesta al interrogante planteado precedentemente, considero que no resulta arbitraria ni normativamente incorrecta una sentencia que, de manera lógica y por demás fundada, se inclina por la posición que considera requisito indispensable la existencia de una ley previa que declare la utilidad pública del inmueble para que sea viable la acción de expropiación inversa."
"En el presente, tales extremos no han sido acreditados en modo alguno. No obstante lo invocado por el recurrente respecto a la imposibilidad de continuar su actividad agropecuaria, de las pruebas periciales rendidas en este proceso no surge nítidamente la indisponibilidad de su inmueble para el destino que pretende darle su dueño o para cualquier otro. [...] Por ello, considero que no se ha acreditado debidamente que el derecho de propiedad del actor haya sido vulnerado al punto tal de haber sido desmembrado o que ya no sirva para el destino natural del mismo, ni mucho menos que el Estado se encuentre en posesión efectiva de su inmueble."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Alejandro Pérez Hualde fundamentó y votó por el rechazo de los recursos; el Dr. Romano adhirió. La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci no suscribió la resolución por hallarse en uso de licencia. El bloque dispositivo final acuerda el rechazo y la confirmación indicada.
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