MARTINEZ SILVA CAROLINA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ A.P.A.
La actora promovió acción procesal administrativa contra el Decreto N° 47/2007 y reclamó remuneraciones no percibidas por estabilidad por maternidad. La Sala Primera anuló parcialmente el acto administrativo y ordenó el reconocimiento y liquidación de las remuneraciones correspondientes al período 01.06.2005 a 30.11.2005, sin hacer lugar al daño moral.
¿Quién es el actor?
Carolina Martínez Silva (por apoderado Gabriel Bragagnolo).
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (Ministerio de Salud), con intervención de la Fiscalía de Estado.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad del Decreto N° 47/2007 que rechazó su pedido de reconocimiento de remuneraciones no percibidas durante el período de estabilidad previsto en la Ley 5811 (art. 56) por motivo de maternidad; indemnización por daño moral, intereses y costas. En subsidio, pago por remuneraciones del período efectivamente trabajado más licencia por maternidad (art. 54 Dec. 2361/93).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar parcialmente a la acción: se anuló el Decreto N° 47/2007 y las resoluciones previas en cuanto no reconocieron el derecho a percibir las remuneraciones como residente médica entre 01.06.2005 y 30.11.2005 (incluido S.A.C.), con intereses; se ordenó dictar acto administrativo que reconozca el derecho y practicar la liquidación en 60 días. Se desestimó el pedido de daño moral. Costas conforme dispositivo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Esta relación atípica, pero específica y prevista por Ley, no puede ser motivo suficiente para excluir a la actora del régimen de protección a la maternidad, constitucionalmente reconocido. De allí que, tras la labor interpretativa superadora que llevó a la solución en el caso 'Lorca' ya citado, se nos exige adoptar similar solución aún cuando no exista protección legal expresa."
"Por otra parte, y si bien no nos encontramos estrictamente frente a una relación de empleo público, sí existe una contratación de carácter público que establece un vínculo entre el residente y el Estado, en el que, más allá del objetivo de la capacitación profesional, subyacen obligaciones y deberes recíprocos asimilables a una relación laboral."
"Corresponde en este caso confirmar nuestra posición que se sostiene en un verdadero 'bloque normativo' de jerarquía constitucional vinculado a la protección de la maternidad y de la familia... nos obliga a otorgarle una protección reforzada y eficaz a toda mujer durante el embarazo y el período posterior al parto, derecho del que se vio privada cuando más lo necesitaba."
"En cuanto al daño moral, como no se trata de un supuesto en el que el daño se presume y no se acompañó ninguna prueba respecto de la existencia ni de la extensión del daño moral que se reclama... no puedo justificar la procedencia del reclamo."
¿Cómo votaron los jueces?
voto del Dr. Alejandro Pérez Hualde, con adhesión de los Dres. Fernando Romano y Aída Kemelmajer de Carlucci (decisión por mayoría).
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