FISCAL C/ORUZA SILVA, JUAN CARLOS POR HOMICIDIO AGRAVADO POR MIEMBRO INTEGRANTE FUERZAS POLICIALES ABUSO DE FUNCION Y CON ARMAS DE FUEGO S/CASACION.
La defensa de Juan Carlos Oruza Silva interpuso recurso de casación contra la condena a prisión perpetua por homicidio agravado por miembro de fuerzas policiales y abuso de función. La Sala Segunda de la Suprema Corte de Mendoza rechazó el recurso por considerar debidamente valorada la prueba y fundada la sentencia de origen, imponiendo costas y honorarios por $500 a cargo del recurrente.
¿Quién es el actor?
La defensa técnica de Juan Carlos Oruza Silva (recurrente en casación).
¿A quién se demanda?
Sentencia dictada por la Séptima Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial (órgano cuya decisión se impugna ante la Suprema Corte).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la Sentencia N° 2.672 que condenó a Oruza Silva a prisión perpetua por homicidio agravado (art. 80 inc. 9, 41 bis, 40 y 41 C.P.), formulando agravios por arbitrariedad en la valoración de testimonios (especialmente de Juan Diego Chandía y Roque Jouas), discrepancias con pericia necroscópica, vulneración del art. 18 C.N. por uso de declaración del imputado como testigo, nulidad por falta de notificación en pericia psiquiátrica, recusación del tribunal y pedido de aplicación del in dubio pro reo.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación y se impusieron las costas al recurrente, regulando honorarios profesionales en $500 a cargo del defendido. La decisión fue adoptada por mayoría (Dres. Böhm y Salvini); el Dr. Llorente no suscribió por licencia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La censura se basa en el art. 474 inciso 2º del C.P.P. (Ley 6730 y sus modificatorias)."
"A fin de efectuar el contralor casatorio, de modo inicial no puedo soslayar los lineamientos sentados por la Corte Federal, en sus sentencias del 20/9/2005, in re Casal, Matías E. (LL 2005-F-107 y JA 2005-IV-734), el 25/10/2005 in re Martínez Areco, y el 20/12/2005, in re Merlo Luis., entre otros, a partir de los cuáles, se entendió que sólo una interpretación amplia de la casación permite garantizar las previsiones contenidas en los artículos 8.2 h de la CADH, y 14.5 del PIDYCP. Por ello, el Tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, 'lo único no revisable sería lo que surja directa y únicamente de la inmediación.'"
"IV. 4. A. Anticipé que la censura debe ser desestimada, desde que el acto sentencial ostenta legitimidad como acto jurisdiccional y lo paso a explicar. Entiendo que la defensa técnica de Oruza Silva, ha fraccionado los datos probatorios emergentes de la causa, efectuando un análisis parcializado de la totalidad del plexo probatorio bajo la pretensión de hacer ingresar hipótesis que no logran desvirtuar el material probatorio cargoso que inequívocamente conduce a sostener la culpabilidad del encartado en este hecho delictivo..."
Bloque dispositvo final (transcripción literal de la parte resolutiva que prevalece):
"RESUELVE:
1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 767/795 por la defensa de Juan Carlos Oruza Silva.-
2º) Imponer las costas a la parte recurrente y regular los honorarios profesionales del Dr. Ariel Civit y Dra. María Boglioli, en la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500) a cargo de su defendido.-
NOTIFÍQUESE.-"
¿Cómo votaron los jueces?
Mayoría integrada por Dr. Carlos Böhm (voto extenso que motiva la resolución) y Dr. Herman A. Salvini (adhiriendo). Dr. Pedro J. Llorente no suscribió por hallarse en uso de licencia.
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