RUBIO, GUILLERMO JOSE C/ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL S/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD.
El actor promovió acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal N° 8018 que regula la habilitación y funcionamiento de locales de “Internet” y “juegos en red”. La Sala Primera desestimó la acción por no haberse demostrado vicios constitucionales en las exigencias de la ordenanza, destacando la competencia municipal en materia de policía urbana, higiene y moralidad pública.
¿Quién es el actor?
Guillermo José Rubio.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de San Rafael (Honorable Concejo Deliberante del Departamento de la Municipalidad de San Rafael); intervino Fiscalía de Estado.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna por inconstitucional la Ordenanza Municipal N° 8018, específicamente arts. 5 incs. b, d, e y f; art. 8; y art. 15, por imponer condiciones para el funcionamiento de locales tipo “Cyber” o que ofrecen servicios de Internet y juegos en red, alegando violaciones al derecho de comerciar y ejercer industria lícita, igualdad ante la ley, derecho de propiedad y seguridad jurídica.
¿Qué se resolvió?
Se desestimó la acción de inconstitucionalidad; se impusieron las costas a la parte actora y se regularon honorarios según lo consignado en el fallo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes (lenguaje original del tribunal):
"No se avizora como irrazonable que, en salvaguarda de la seguridad pública, integridad y moralidad de los habitantes del Municipio se hayan dispuesto normas (las exigencias del art. 5° de la Ordenanza nº 8018) que regulen los requisitos para permitir la habilitación de negocios que exploten el rubro que pretende el actor, no se ha demostrado que alguno de los requerimientos sea inadecuado al cumplimiento del fin principal que debe perseguir el obrar comunal, cual es la satisfacción del interés general de la comunidad."
"Ninguna de las medidas aparece como irrazonable desde el punto de vista del fin perseguido; tienden en general a un control público social más que policial. Considero que no se vulnera el derecho a ejercer toda industria lícita por cuanto no existen derechos absolutos y la limitación reglamentaria de éstos surge como una necesidad derivada de la convivencia social que encuentra su límite en el art. 28 de la Const. Nacional..."
"Atento las razones expuestas y teniendo también en cuenta la aplicación del principio jurisprudencial de que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición es un acto de gravedad institucional y el juzgador debe acudir a él como 'última ratio', lo que lleva a procurar la interpretación que más favorece a la validez y vigencia de la norma sometida a examen de constitucionalidad, entiendo que corresponde desestimar la acción deducida por cuanto no se han demostrado los vicios que el actor pretendía que existían."
No obra voto en disidencia (los Dres. Pérez Hualde y Kemelmajer adhirieron; el Dr. Romano se encontraba con licencia).
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