MORALES ANA MARIA EN J: 31.039/82.720 MORALES ANA MARIA Y OTS. C/ BURGOS CLAUDIO P/ EJEC. HONOR. S/ CAS.
La actora interpuso recurso de casación contra la regulación de honorarios practicada por la Cámara por entender que se tomó una base regulatoria errónea. La Suprema Corte hizo lugar al recurso por error en la subsunción de los hechos y modificó la regulación de honorarios y las costas.
¿Quién es el actor?
Dra. Ana María Morales (y en actuaciones conexas Dra. Viviana Araceli Jahan, pero la casación la promueve la Dra. Ana María Morales).
¿A quién se demanda?
Sr. Claudio Burgos.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución y regulación de honorarios profesionales (regulación arancelaria sobre sumas reclamadas en ejecución de honorarios).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación, se modificó el resolutivo III) de la sentencia de la Cámara para regular los honorarios de segunda instancia en los importes determinados (Arienti $200; Avogadro $60; Jahan $140; Morales $42), se impusieron las costas a la recurrida vencida y se regularon honorarios por la casación (Arienti $25; Avogadro $7,50; Margarit $17,50; Morales $5,25). (arts. 2, 3, 15 y 31 Ley 3641).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original):
"La cuestión a dilucidar consiste en determinar si resulta normativamente incorrecta una sentencia que al momento de regular los honorarios profesionales por la actividad en la alzada, toma como base regulatoria la suma resultante de las pretensiones de ambas actoras, cuando en realidad sólo una de ellas planteó el respectivo recurso de apelación. Es decir, la Cámara, incurriendo en un evidente error material, regula sobre un total de $12.492, cuando el recurso del ahora recurrente era por la suma de $4.164.
Como se advierte, se trata de una errónea subsunción de los hechos en la normativa aplicable, por cuanto la Cámara parte de una equívoca base regulatoria. Entiendo que ha existido una mala aplicación del derecho arancelario vigente, en virtud de haberse realizado una defectuosa calificación de los hechos fundantes de la causa.
En efecto, la Cámara no ha advertido al momento de regular honorarios que la única apelante era la Dra. Ana María Morales y que su pretensión ascendía a $4.164. El equívoco consiste en haber tomado como base regulatoria la sumatoria de las pretensiones de ambas actoras y, sobre dicho monto, aplicar la escala de los artículos 15 y 31 de la ley arancelaria local.
La solución a la que arribo no implica en modo alguno modificar la plataforma fáctica que motiva estos obrados, la cual se mantiene incólume, tanto respecto a las acciones originariamente deducidas, sus montos y los límites y alcances de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia. Considero que la sentencia en trato adolece de un error en la calificación de los hechos que ha significado una incorrecta aplicación de la normativa vigente en materia arancelaria, por cuanto carga a la recurrente con costas que superan casi tres veces el importe que en realidad correspondía según la acción por ella intentada."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Alejandro Pérez Hualde votó en los términos precedentes; los Dres. Aída Kemelmajer de Carlucci y Pedro Llorente adhirieron al voto, conformando la mayoría que resolvió conforme al dispositivo final.
(No constan votos en disidencia.)
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