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Tribunal Superior

MENDOZA SUPERIOR SUITE S.A. EN J119.183 SIERRA MARIA DEL VALLE Y OTS. C/MENDOZA SUPERIOR SUITE S.A. P/AC. POSESORIA S/INC.

Los actores promovieron acción posesoria por obra nueva y daño temido contra Mendoza Superior Suite S.A. solicitando paralización de la obra, reconstrucción y astreintes. La Sala Primera confirmó la resolución de primera instancia que emplazó a la demandada a reparar y fijó multa conminatoria de $50.000 diarios, por entender acreditada la urgencia, carencia de indefensión y no arbitrariedad en la sanción.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
101059
Astreintes Accion posesoria Indefension Multa conminatoria Definitividad Dano temido Urgencia inaudita parte Art. 2499 cod. civil Art. 219 bis c.p.c. Rehabilitacion de inmueble

¿Quién es el actor?

María del Valle Sierra y Néstor Edgardo Sierra.

¿A quién se demanda?

Mendoza Superior Suite S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción posesoria por obra nueva / daño temido: constatación del inmueble, paralización de la obra contigua, emplazamiento para reconstrucción/apuntalamiento del inmueble de los actores y aplicación de astreintes por incumplimiento.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución de fs. 108/109 (resolución que emplazó a la demandada a concluir trabajos de apuntalamiento y reconstrucción en 12 días y fijó multa diaria de $50.000). Se confirman la resolución recurrida y la imposición de costas a la recurrente. Se difiere regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La cuestión propuesta a estudio, exige en primer término referirnos al tema de la definitividad de la resolución recurrida; toda vez que el tema ha sido invocado tanto en el dictamen del Sr. Procurador, como por la recurrida.

Este Tribunal entiende que la definitividad de la resolución recurrida surge, en primer lugar, de la circunstancia que la misma importa, una pena conminatoria que resulta definitiva, al no poder ser revisada por otra vía ni instancia procesal. En este entendimiento la mera posibilidad de interponer un recurso de reposición, no obsta al carácter de definitiva de la resolución, toda vez que y conforme la disposición legal aplicable (art. 219 bis), la resolución que se dicte resulta inapelable, sin más exigencia. Por tanto la existencia de una mera facultad de interponer una vía recursiva ante el mismo Tribunal, no puede dar a la resolución recurrida el rasgo de falta de definitividad, ante el carácter inapelable de la misma. Lo expuesto se corrobora aún más, si se considera que aún interpuesta la reposición, esa sola circunstancia no le hubiese suspendido el plazo para acudir a la vía extraordinaria."

"Conforme lo ha resuelto este Tribunal en el precedente registrado en autos N° 93.113 (L.S. 404-082), el tema se encuentra incorporado normativamente, en el segundo párrafo del art. 2499 del Código Civil y en nuestro ordenamiento procesal en el art. 219 bis del C.P.C. en texto incorporado por la Ley 5.957.

Se expresó además que: “El mencionado art. 2499 segundo párrafo del Código Civil dispone que: “Quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al Juez, a fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares”.

Esta disposición fue incorporada por la reforma de 1968 y se halla dentro del Título 3: “De las acciones posesorias” del Libro III “De los derechos reales”. En este aspecto, la reforma no siguió a su fuente, los arts. 1171 y 1172 del Código Italiano de 1942, que están ubicados en un título distinto de aquél que tiene por objeto las acciones posesorias, sino que lo hace bajo la denominación “de la denuncia de obra nueva y daño temido”.

Por tal razón se discute en doctrina, cuál es la naturaleza jurídica de tal acción. Pues, mientras que para algunos autores, configura una acción posesoria independiente y distinta de las demás (...) Consideramos que, no obstante el emplazamiento efectuado en el Código Civil, la acción de daño temido posee rasgos eminentemente cautelares, por los cuales excede el marco de las acciones posesorias (...)"

"Conforme con los principios expuestos, corresponde analizar si en la adopción de las medidas dispuestas por el Tribunal a fs. 108/109, se ha causado la indefensión absoluta alegada por el recurrente. Supuesto que, de verificarse, impediría la válida constitución del proceso. Además, siguiendo el pensamiento de la Corte Suprema, es menester que la parte actora haya abusado de su facultad procesal, sea por violación al deber de probidad y lealtad, sea por simple negligencia (Fallos 306-392). Que el afectado por el vicio, no haya incurrido a su vez en negligencia o desatención que le hayan impedido tomar conocimiento por otra vía de la acción intentada. Por último, que no le quede a los demandados ninguna otra vía para reparar el perjuicio (LS 319-200).

A poco que analicemos las constancias de la causa, arribamos a la conclusión de la inexistencia del vicio denunciado. (...) Ninguna duda cabe de la urgencia en la intervención del magistrado actuante para evitar males mayores a los ya producidos. Ese estado requería la intervención urgente del magistrado y lo habilitaba plenamente a adoptar las medidas que tomó, sin que ello implique la violación a las normas del debido proceso."

"Respecto de los agravios deducidos en torno a la fijación de la sanción de multa impuesta en la resolución recurrida, no pueden correr mejor suerte que los anteriores.

La viabilidad de este tipo de sanciones está expresamente reconocida por la norma del art. 219 bis, que lo incorpora como facultad del juzgador al igual que el art. 666 bis del Código Civil. Ello implica, conforme lo tiene dicho este Tribunal, el ejercicio de facultades discrecionales por parte del juzgador, lo que restringe el campo del recurso extraordinario, desde que la prueba de la arbitrariedad debe ser contundente (L.S 303-494).

En el caso, entiendo que la suma fijada de $ 50.000 diarios, más allá de compartirse o no, no aparece como absurda o ilógica para predicar ab inicio su arbitrariedad. (...) Se advierte además, que la fijación de este tipo de sanciones no causa estado, son esencialmente inestables, por lo que nada obsta que, al momento de la liquidación, puedan ser modificadas por el Tribunal teniendo en cuenta la mayor o menor resistencia del recurrente en cumplir con el emplazamiento."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Romano, Nanclares y Adaro adhieren (decisión unánime). No fueron presentadas disidencias.

Normas que cita

  • Constitución (Provincia De Mendoza)art. 160
  • Código Civilarts. 2499, 666 bis · Codigo civil
  • C.P.C. (Provincia De Mendoza)arts. 219 bis, 299 bis
  • CPCCNart. 623 bis · Codigo procesal civil y comercial de la nacion
  • Ley 5.957 (Provincia De Mendoza)

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