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Tribunal Superior

FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA S/AC. INC.

La Fiscalía de Estado promovió acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7.841 por entender que crea responsabilidad objetiva del Estado, fija prescripciones y retroactividad indebidas y afecta igualdad y razonabilidad. La Suprema Corte declaró inconstitucional sólo la aplicación retroactiva prevista en el art. 20 y dispuso que la ley se aplique desde su efectiva vigencia (una vez reglamentada).

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
93765
Prescripcion Retroactividad Principio de razonabilidad Reglamentacion Accion de inconstitucionalidad Victimas de delitos Sin costas. Asistencia publica Solidaridad subsidiaria Ley 7841

¿Quién es el actor?

Dr. Pedro J. Sin, Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Mendoza (Poder Ejecutivo / Legislatura provincial, Ley 7.841).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7.841 (Sistema de asistencia/compensación a víctimas de delitos violentos y contra la integridad sexual). Se impugnan, entre otros, la naturaleza indemnizatoria de la asistencia, la suspensión del plazo de prescripción, la aplicación retroactiva a hechos desde el 10/12/2003, la asignación de $5.000.000 para 2008 y restricciones por domicilio/residencia.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar parcialmente a la acción. Se declaró inconstitucional la previsión del art. 20 que aplica la ley a hechos ocurridos a partir del 10/12/2003; por tanto la Ley 7.841 será aplicable únicamente a partir de su efectiva vigencia (entrada en vigor mediante reglamentación). Se recomendó al Poder Ejecutivo dictar la reglamentación dentro de los 30 días de quedar firme la sentencia. Sin costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad o última ratio del orden jurídico, constituye la más delicada de las funciones susceptibles de ser encomendada a los Tribunales, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados, control que no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador ... Si la disposición atacada admite más de una interpretación, una que la torna inconstitucional y otra que la adecua al ordenamiento, el Tribunal debe pronunciarse a favor de ésta última."

"Todas estas consideraciones me permiten sostener que la ley en cuanto dispone una asistencia económica a las víctimas de delitos violentos o de delitos contra la integridad sexual, no es irrazonable ni viola ningún principio constitucional, por lo que al respecto corresponde desestimar la queja que formula Fiscalía de Estado."

"La cuestión relativa a la aplicación retroactiva de la norma no se visualiza como sustentable... La fecha ha sido elegida de manera caprichosa, no se advierte ni se ha dado explicación alguna que evidencie alguna conexión con situaciones que justifiquen su determinación, lo que demuestra que ha quedado librada al arbitrio del legislador, no supera así el llamado 'test de razonabilidad'... Atento ello... corresponde declarar la inconstitucionalidad parcial de la ley en cuanto dispone que será aplicable a determinados hechos delictivos cometidos a partir del 10 de diciembre de 2003."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Nanclares (voto principal), Romano (adhesión) y Adaro (voto ampliatorio) conforman la mayoría. No hubo disidencia que altere el resultado.

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