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Tribunal Superior

OYARZABAL NATALIA MARIELA C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS P/ APA

La actora promovió acción de nulidad contra la Resolución n.º 659/2017 del Instituto Provincial de Juegos y Casinos por denegar su revocatoria de la Resolución n.º 159/16. La Sala Primera hizo lugar a la excepción previa de incompetencia por prematuridad, ordenó remitir las actuaciones administrativas a sus orígenes y dispuso que la notificación se ajuste al art. 150 de la Ley n.º 9.003.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
13-04265707-1
Costas Honorarios Notificacion Agotamiento de la via administrativa Remision a origen Excepcion previa Accion procesal administrativa Ley 9.003 Instituto provincial de juegos y casinos Resolucion 659/2017

¿Quién es el actor?

Natalia M. Oyarzábal (accionante).

¿A quién se demanda?

Instituto Provincial de Juegos y Casinos (demandada directa).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la Resolución n.º 659 (31.10.2017) en cuanto denegó la revocatoria respecto de la Resolución n.º 159/16 que retrotrajo su situación de revista al estado anterior a la Resolución n.º 1101/15.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la excepción previa opuesta por la demandada por falta de agotamiento de la vía administrativa; se remitieron las actuaciones administrativas a sus orígenes para que la demandada notifique correctamente la Resolución n.º 659 conforme al art. 150 de la Ley n.º 9.003; se impusieron costas en el orden causado y se regularon honorarios por $9.000 para cada letrado de la parte actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En el presente caso, conforme surge de la propia instrumental acompañada por la actora, se advierte que el último acto emanado de la autoridad administrativa en razón del cual la actora ocurrió a esta sede jurisdiccional, es la Resolución n° 659, emanada del Directorio de la demandada, de fecha 31.10.2017, en virtud de la cual se admitió en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso de revocatoria que la aquí actora había interpuesto contra la Resolución de Directorio n° 159/16 que dispuso retrotraer su situación de revista al momento anterior al dictado de la Resolución de Directorio n° 1101/15. Tal decisión se notificó a la accionante el día 09.11.2017, luego de lo cual interpuso la demanda que dio inicio a este expediente, el día 07.12.2017 (fs. 1/5 y 17).

En relación a ello, si bien es cierto que la demandada constituye una entidad descentralizada y autárquica (art. 1 de Ley n° 6.362), le asiste razón en cuanto a que el último acto impugnado, si bien es definitivo en los términos previstos en el art. 5 de la Ley n° 3918, no causó estado conforme allí mismo se prevé, en tanto no fue dictado por la autoridad administrativa competente una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo. Ello es así, en tanto en el artículo 8 de la mencionada ley se establece que: "No serán procedentes las acciones de este Código cuando tratándose de decisiones administrativas de órganos desconcentrados o de entidades descentralizadas de la Administración Pública provincial..., no se hayan previamente agotado los procedimientos tendientes a hacer efectivo el control administrativo de legitimidad que constitucionalmente corresponde al Poder Ejecutivo."

En relación a lo expresado, cabe destacar que tal norma ubicada en el Capítulo VIII "De las notificaciones" de Ley n° 9.003, textualmente se refiere a los requisitos que debe contener la notificación del acto administrativo, por lo cual lo que aquí se encuentra afectado de nulidad es la notificación que debía poner en conocimiento del administrado no sólo el contenido del acto administrativo, sino también su condición de impugnabilidad con la consecuente información acerca de si aún le quedaba al interesado la posibilidad de recurrir en sede administrativa, con constancia del plazo para hacerlo, o bien si tal posibilidad se encontraba agotada con la consecuente constancia de la acción y el plazo para ocurrir ante la sede jurisdiccional a tales efectos.

Consecuente con lo expuesto, corresponde por un lado hacer lugar a la excepción previa deducida en tiempo y forma por la demandada, en consideración a la prematuridad de la acción y, por otro, corresponde restituir las actuaciones administrativas a sus orígenes a los efectos de que la demandada notifique a la administrada, Natalia M. Oyarzabal, la Resolución n° 659 de fecha 31.10.2017, en forma correcta y conforme a lo establecido en el art. 150 de Ley n° 9.003, es decir, haciéndole saber que tal decisión administrativa es susceptible de ser recurrida por vía de Alzada ante el Ejecutivo Provincial en los términos previstos en el art. 183 y ss. de Ley n° 9.003."

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia en el dispositivo final; el bloque resolutorio firmado por los tres Ministros constituye la decisión de la mayoría.

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