FISCAL C/ LUCERO WALTER; GARCIA GUSTAVO; CARRAZAN ANGEL; CASTRO PABLO; MORENO MIGUEL; CORREA WALTER Y OTS. P/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA S/ CASACION
El actor cuestionó la legalidad de las requisas de celdas y la protección de su intimidad en el marco del cumplimiento de una pena privativa de la libertad. La Cámara sostuvo que el Estado provincial, como garante de las personas privadas de libertad, puede regular administrativamente el ingreso a celdas y que la garantía domiciliaria del Código Procesal Penal no rige para actos de requisa administrativa, atento a la Ley de Ejecución Penal.
¿Quién es el actor?
Persona privada de la libertad que impugna requisas o restricciones a su intimidad (no surge nombre).
¿A quién se demanda?
Estado Provincial / administración penitenciaria (no surge carátula).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Protección del derecho a la intimidad y cuestionamiento de la legalidad de la requisa de celdas y del régimen aplicable (si corresponde aplicación del Código Procesal Penal o de la normativa de Ejecución Penal).
¿Qué se resolvió?
El tribunal entiende que el Estado provincial es garante de la integridad de las personas privadas de la libertad y que, por ello, la intimidad de los alojados se encuentra limitada; las requisas de celdas son actos administrativos regulados por la ley de Ejecución Penal y no por las reglas del Código Procesal Penal sobre domicilio. En consecuencia, la garantía del domicilio procesal no alcanza a impedir las requisas administrativas de celdas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
transcripción de los párrafos relevantes tal como consta en la sentencia:
"El Estado Provincial es garante de la satisfacción de los derechos de las personas cuya libertad se encuentra parcialmente heteroadministrada a través de establecimientos penitenciarios. Esa responsabilidad que deriva de su posición de garante tiene como reverso que los espacios de intimidad del sujeto que se encuentra alojado en ellos se ve mermado."
"La intimidad del sujeto que se encuentra privado de su libertad, se ve modificada por la razón de que el Estado, al ser garante de la integridad física de las personas privadas de la libertad, debe contar con las herramientas necesarias para cumplir su función protectora de derechos. Es por ello que existe una regulación específica que regula el ingreso del personal penitenciario a las celdas donde residen los internos, de naturaleza administrativa distinta a la regulación procesal."
"Los criterios de requisa de celdas se deben regir por la ley de Ejecución Penal y no por lo que establece el Código Procesal Penal ya que, al admitir que la celda del interno constituye un domicilio en los términos de la ley procesal, puede llegarse al absurdo de sostener que aquellos internos que ingresen a las celdas que no les corresponde, violan el domicilio de sus compañeros de pabellón. La requisa de las celdas del establecimiento penitenciario es un acto administrativo, y la garantía del domicilio no alcanza a dicho espacio."
(No surge en el extracto voto en disidencia ni firmas; si existieron, no fueron aportadas.)
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