ZAMIRUK MARTA BLANCA c/ DRUBE ALBERTO NICOLAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
La actora demandó por daños y perjuicios por la resolución de un contrato de subconcesión de agencia de quiniela. La Corte rechazó el recurso de casación y confirmó la decisión de la Cámara que rechazó la demanda, por aplicación de la doctrina de los actos propios y por haber quedado acreditados incumplimientos de la actora.
¿Quién es el actor?
Zamiruk Marta Blanca (subconcesionaria).
¿A quién se demanda?
Drube Alberto Nicolás (concesionario).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daños y perjuicios por la resolución del contrato de sub‑concesión de agencia de quiniela; se alegó ejercicio abusivo del derecho y violación de la buena fe al retener sumas y resolver el contrato.
¿Qué se resolvió?
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso de casación de la actora y confirmó la sentencia de la Cámara que rechazó la demanda contra Drube, imponiendo costas a la actora en esta instancia y reservando regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se trata de una resolución de contrato por incumplimiento regulada por cláusula comisoria. Para que opere la resolución deben concurrir contrato válido con prestaciones recíprocas, cumplimiento de la parte que invoca la resolución y el incumplimiento relevante del deudor (art. 1204 C.C. y reglas del pacto comisorio).
La Cámara valoró correspondencia extrajudicial y prueba incorporada (acta extraprotocolar de 07/05/2009 y pericia caligráfica ofrecida por la actora con resultado adverso) que acreditan reclamos y reconocimientos de falta de pago por parte de la actora, así como la tolerancia del concesionario en ocasiones anteriores.
Aplicación de la doctrina de los actos propios: la actora no puede desconocer en la casación actos y prueba que ella misma introdujo en la litis, lo que justifica la decisión.
Conclusión: el agravio por arbitrariedad carece de fundamento; no prospera la casación.
Textos transcritos (parágrafos relevantes de la sentencia, lenguaje original del tribunal):
"En el presente caso, estamos ante una resolución de contrato por incumplimiento; la resolución, es entre otros, un supuesto de ineficacia extrínseca o funcional del acto jurídico sobreviviente a su celebración.
Los caracteres de la resolución son los siguientes: a) Depende de la previsión hecha en el contrato mismo, constituyendo una cláusula expresa o implícita de él; b) La voluntad individual de cada uno de los contratantes, no puede, después de celebrado el contrato, modificar la cláusula resolutoria establecida en el mismo; pero las partes pueden de común acuerdo hacerlo; c) La voluntad de las partes funciona libremente para estipular la cláusula resolutoria y establecer sus condiciones, con la salvedad de que ella no puede contener disposición alguna contraria al orden público y las buenas costumbres; d) La resolución produce efectos respecto de las partes y de terceros como si el contrato no hubiere existido nunca y se hubiese desvanecido con todas sus consecuencias (art. 555 del C.C.) y e) La resolución supone siempre que las partes han dado al contrato un consentimiento condicional.
La facultad comisoria o “pacto comisorio”, puede ser expreso (como en el presente caso, cláusula 11 del contrato) o tácito, cuando la ley, en silencio de toda estipulación al respecto, permite a la parte no culpable optar por la resolución del contrato ante el incumplimiento de la otra. Del art. 1204 del C.C. se desprende que los presupuestos de resolución por incumplimiento son tres: a) existencia de un contrato válido con prestaciones recíprocas, b) cumplimiento de la parte que invoca la resolución y c) incumplimiento del deudor. Incumplir, significa dejar de hacer aquello a lo que se está obligado. El incumplimiento contractual debe ser importante y relevante a los efectos del funcionamiento de la facultad resolutoria. El incumplimiento importante es normalmente el relativo a la prestación principal. Son obligaciones principales las que sirven de manera necesaria para la consecución del resultado de un contrato determinado."
"A mayor abundamiento, el demandado adjunta copia de un Acta Extraprotocolar de fecha 7 de mayo de 2009 (fs. 42) donde la actora reconoce adeudar las apuestas de los días 5 y 6 de mayo del año 2009, y de no haber pagado el derecho de explotación (período 2009/2010).
Ante tal evidencia, cabe preguntarse ¿Cómo puede el recurrente ignorar su propia conducta? Y sostener en su escrito casatorio que:'…estos supuestos incumplimientos reiterados no figuran ni por asomo en la carta documento de fecha 8 de mayo de 2009. Mucho menos han sido invocados por las partes…'.
Lo reseñado en los parágrafos precedentes permite colegir que el argumento esgrimido en contra de la pretensión del demandado, es insostenible, ya que la actora no puede desconocer que ha introducido a la litis todos los reclamos que el señor Drube, le realizara extrajudicialmente para poner fin a la relación comercial que mantenían. Surge con claridad que las argumentaciones sostenidas por la actora al demandar, como así también la prueba pericial caligráfica por ella ofrecida, con efecto adverso a sus pretensiones, son perfectamente oponibles a la actora que no puede intentar desconocer las mismas ni eludir sus consecuencias jurídicas para perjudicar al demandado."
"La teoría de los actos propios es un derivación directa del principio de buena fe y halla fundamento normativo en los arts. 1071 y 1198 del C. Civil.
Lo hasta aquí expresado, me exime del tratamiento de los restantes agravios, los cuales, con diferentes matices; todos convergen en la extralimitación del órgano judicial al resolver el pleito por una causal no invocada por el demandado.
Por las razones expuestas, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2016 obrante a fs. 568/574 vta. de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción."
¿Cómo votaron los jueces?
Unanimidad de los tres Vocales (Estofán preopinante, Gandur y Posse adhieren).
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