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Tribunal Superior

PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ TORAÑO RUBEN s/ EJECUCION FISCAL

La Provincia de Tucumán demandó a Rubén Toraño en ejecución fiscal por impuesto automotor por la suma de $8.155,27 correspondiente al dominio JOK 127. La Cámara hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva y rechazó la ejecución, decisión que esta Corte confirmó al desestimar la casación por inadmisible y por carecer de vicio de arbitrariedad.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
51809
Impuesto automotor Ejecucion fiscal Inhabilidad de titulo Legitimacion pasiva Cambio de radicacion Guarda habitual Decreto-ley 6582/58 Ley 5.121 art.295 Inadmisibilidad casatoria Costas.

¿Quién es el actor?

Gobierno de la Provincia de Tucumán — Dirección General de Rentas (DGR).

¿A quién se demanda?

Toraño Rubén.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

ejecución fiscal por el impuesto automotor correspondiente al dominio JOK 127 por los períodos 04/2011 a 06/2013; boleta de deuda BCOT/104/2013 por la suma de Pesos Ocho Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 27/100 ($8.155,27).

¿Qué se resolvió?

La Cámara (Sala I) hizo lugar a la apelación de Toraño, declaró la inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva y rechazó la ejecución; la Corte Suprema de la Provincia desestimó la casación de la actora, confirmó la sentencia de Cámara y condenó en costas a la recurrida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes de la sentencia (textos tal como aparecen en el fallo):

a) Fragmento del voto de Cámara señalado como fundamento de la revocación:

“(…) el Decreto-Ley 6582/58 que estableció el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor implantó un sistema registral constitutivo de derechos en materia de automotores, el que produce efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción. El artículo 11 del decreto mencionado (texto ordenado por Decreto 1114/97), con las modificaciones posteriores introducidas por las Leyes Nº 25.232, Nº 25.345 y Nº 25.677, dispone expresamente que '...El automotor tendrá como lugar de radicación, para todos sus efectos, el del domicilio del titular del dominio o el de su guarda habitual. Tales circunstancias se acreditarán mediante los recaudos que establezca la autoridad de aplicación...', es decir que establece una opción a favor del titular del dominio para la radicación del automotor: inscribirlo en el Registro con jurisdicción en su domicilio ó en el del lugar de la guarda habitual del vehículo. Esto surge claramente cuando se advierte el uso de la partícula disyuntiva 'o' en el texto de la norma analizada. (…)”

“(...) Específicamente, el artículo 295 de la Ley Nº 5121 establece que todos los vehículos que figuren inscriptos en nuestra Provincia están sujetos al pago del gravamen, '...salvo que el propietario comunique a la Autoridad de Aplicación las siguientes circunstancias: 1 Robo, hurto, destrucción total, desarme o desguace del automotor. 2 Cambio de radicación. A los efectos de la liquidación, se tomará la fecha de comunicación a la Autoridad de Aplicación, para las situaciones descriptas en el inciso 1, y la fecha del cambio de radicación que figure en el título respectivo, para el caso del inciso 2. La Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos y la documentación necesaria que deberán aportar los contribuyentes en cada caso. Sólo se autorizarán las bajas, previo pago del impuesto proporcional al período transcurrido de año que correspondiere'. Como se advierte, la norma tributaria no prohíbe la posibilidad de cambiar la radicación del vehículo ni autoriza a la autoridad de aplicación tributaria a negar dicha posibilidad, pues ello iría en contra la normativa federal de fondo que regula la propiedad automotor y aún más en contra del derecho constitucional de usar y disponer de la propiedad (artículo 14 de la CN).”

b) Fragmentos del voto de la Corte que razonan la inadmisibilidad y la revisión casatoria:

“En este contexto es importante resaltar, que no es suficiente invocar el vicio de arbitrariedad y/o gravedad institucional en un marco de excesiva laxitud o generalidad sin hacer una relación circunstanciada de los mismos, aplicados a las normas y los hechos concretos acreditados en la causa. Tampoco es conducente la cita jurisprudencial genérica (como la desarrollada en el punto III del recurso), en la que no se indique y verifique su pertinencia, en virtud de la coincidencia de los presupuestos de hecho y derecho del caso citado con los del juicio en el que se pretende una solución similar.”

“II.- Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que la decisión en crisis, en los puntos que resultan dirimentes a la cuestión debatida se sustenta en una correcta valoración de la plataforma fáctica aportada en la causa (Inscripción original del 04/01/2011 de fs. 167; Inscripción en la Provincia de Salta del 16/6/2011 de fs. 150; comunicación a la DGR del 26/8/2011 de fs. 24) de la que deriva que el demandado no podía ser sujeto obligado del pago del impuesto automotor por el dominio JOK127 en los períodos reclamados.”

¿Cómo votaron los jueces?

No hubo votos en disidencia; los tres vocales votaron en igual sentido (Posse con voto que resuelve y Estofán y Gandur adhieren).

Leyes que cita

  • Ley 25.232Registro nacional de la propiedad del automotor

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