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Cámara de Apelaciones

PUCHETA ADRIANA DE LOS ANGELES c/ NIEVA JUANA EMA s/ DESPIDO

La actora promovió acción por despido contra su empleadora reclamando prestaciones derivadas del despido. La Cámara rechazó el recurso de revocatoria de la demandada y confirmó la regulación de costas y honorarios, sosteniendo que el tope del 25% previsto en el artículo 277 LCT (inc. Ley 24.432) limita la responsabilidad del condenado en costas y no los importes regulados ni incluye aportes ni planilla fiscal.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA DEL TRABAJO - CONCEPCION - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA DEL TRABAJO - CONCEPCION - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
34081
Costas Honorarios Recurso de revocatoria Despido Aportes Trabajo Ley 24.432 Art. 277 lct Tope 25% Planilla fiscal

¿Quién es el actor?

Pucheta Adriana de los Ángeles (actora, trabajadora despedida).

¿A quién se demanda?

Nieva Juana Ema (empleadora, parte demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo por despido (juicio “PUCHETA ADRIANA DE LOS ANGELES Vs. NIEVA JUANA EMA S/ DESPIDO”, Expte. N° 53/09).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la demandada contra los puntos IV y V de la sentencia de fecha 18/09/2012; se confirmaron las regulaciones de costas y honorarios practicadas en la sentencia que condenó a la demandada al pago de $77.503,44, con honorarios al letrado Guiñazú por $19.220,85 y orden de costas por su orden; se impusieron las costas a la parte recurrente por resultar vencida; se reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios de la parte recurrente para su oportunidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Al respecto, vale recordar que el artículo 8 de la Ley 24.432 incorporó al artículo 277 de la LCT tercer párrafo, el precepto según el cual las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no deben exceder el veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Añade la disposición mencionada que si superaran dicho porcentaje, las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales de todas las profesiones y especialidades, el juez debe prorratear los montos entre los beneficiarios. Concluye diciendo la norma que para el cómputo del porcentaje indicado no debe tenerse en cuenta el monto de los honorarios profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas. Asimismo cabe agregar que mediante ley provincial n° 6715 (BO 6/12/95) la provincia de Tucumán se adhirió al régimen establecido por la Ley nacional 24.432 (BO 10/1/95) por lo que resulta de aplicación al caso por incorporación al derecho público provincial."

"En ese marco, verifico que resulta correcta la regulación practicada, en vista que la sentencia recurrida fijó los honorarios del letrado Carlos A. Guiñazú -apoderado de la actora vencedora- por su actuación en el doble carácter y por las tres etapas del proceso, en la suma de $ 19.220,85 lo que representa un 24,80 % del monto condenado en la sentencia del 18/09/12, esto es la suma de $ 77.503,44. De tal forma, y no existiendo en la causa actuación profesional de peritos, considero que tales honorarios no exceden el tope del 25% previsto en el artículo 277 de la LCT (ref. por ley 24.432) y por ende de ninguna manera cabe reajustar los honorarios del letrado Guiñazú mediante la aplicación del coeficiente de reducción contemplado en dicha norma."

"En efecto, de acuerdo a la recta interpretación del precepto mencionado no puede sostenerse que el tope funciona computando el 10% de aportes de ley e incluso la planilla fiscal, que oportuno resulta recordar al letrado recurrente su determinación es reservada para la etapa de ejecución de sentencia y no antes. Es decir que según la letra y el espíritu de la ley, la limitación dispuesta en la referida norma sólo rige respecto de los honorarios que debe soportar la parte condenada en costas, en otras palabras dentro del “tope” legal del 25% solo deben incluirse a los honorarios de los profesionales de la otra parte y de los peritos (si los hubiere), consecuentemente no quedan comprendidos en dicho tope ni los honorarios de los de la condenada en costas ni tampoco aportes de ley ni planilla fiscal como pretende el recurrrente, ello de conformidad a los términos que surgen de la ley invocada."

"A todo evento debe hacerse notar que el tope del 25% se refiere a la responsabilidad del condenado en costas, no a la regulación de honorarios. La jurisprudencia, comentando el Art. 8 de la Ley 24.432, tiene dicho: 'El Art. 8 de la ley 24.432, no contempla pautas regulatorias, sino solo de la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas procesales…', es decir, la norma citada no limita el monto, sino la responsabilidad por el pago de las costas'."

¿Cómo votaron los jueces?

No constan votos en disidencia; la resolución fue acordada y firmada por los Sres. Jueces de Cámara María R. Sosa Almonte y Enzo Ricardo Espasa.

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