TORRES JUAN CARLOS c/ FERNÁNDEZ, ESTEBAN MARTÍN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
El actor promovió demanda por daños y perjuicios por accidente de tránsito reclamando incapacidad, daño moral y gastos; se negó la declinación de la aseguradora y se condenó a los codemandados al pago de $65.730. La Cámara de Apelaciones confirmó en todas sus partes la sentencia de grado, rechazando los recursos de actor, Fernández y Maza y imponiendo las costas a los apelantes vencidos.
¿Quién es el actor?
Juan Carlos Torres.
A quién se demanda (Demandados): Esteban Martín Fernández y Alicia Estela Maza; se demandó también a Liderar Compañía General de Seguros S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios por accidente de tránsito — daños materiales y morales, incapacidad permanente (37%), gastos sanatoriales, asistencia y rehabilitación; se litiga también la cobertura de la póliza de seguro.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los recursos de apelación interpuestos por el actor (fs. 407), por el codemandado Esteban Martín Fernández (fs. 409) y por la codemandada Alicia Estela Maza (fs. 411). Se confirmaron las condenas impuestas por el juez de primera instancia: condena solidaria de Fernández y Maza al pago de $65.730 (con intereses) y exención de responsabilidad de la aseguradora Liderar S.A.; se impusieron las costas de esta instancia a los apelantes vencidos y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Sobre el punto, es correcta la apreciación del a quo en el sentido que, si bien el vehículo Ford Escort LX, dominio SJJ-013 se encontraba asegurado en Liderar Cía. Gral de Seguros S.A. mediante Póliza 000708581, el recibo de fs. 128 fue abonado el 16/05/2002, esto es, el mismo día del accidente. Lo cual implica que, de conformidad con la Condición Particular 33, la cobertura del demandado fue rehabilitada recién el día 17 de mayo, lo cual excluye la responsabilidad de Liderar Cía. Gral. de Seguros S.A.
No corresponde alegar en contra de ello con sobre quién pesaba la carga de la prueba, pues, por el principio de “adquisición de la prueba”, una vez producida la misma, la misma se incorpora a la causa sin importar quién la produjo. En este sentido, Fenochietto explica que: “Si los justiciables han producido sus distintos medios de prueba justificando sus afirmaciones, como ocurre ordinariamente, la cuestión de distribuir la gestión probatoria no es atinencia del juzgador. Al contrario, ante el caudal de participaciones de conocimiento que surgen de la etapa probatoria, el problema de la carga de la prueba está resuelto, y el juez no tiene por qué detenerse a indagar a quién corresponde probar y a quién no... Lo expuesto es natural derivación del 'principio de adquisición procesal', es decir, al juez le es indiferente establecer a cuál de los litigantes correspondía probar, siempre que los hechos esenciales de la causa queden probados” (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 376 y s., Astrea, Buenos Aires, 1999)."
"Con respecto al agravio del codemandado Fernández, cabe decir que la doctrina y jurisprudencia generales admiten el resarcimiento del daño económico por incapacidad aunque la víctima continúe trabajando o conserve su empleo. Recordemos que, como bien lo observa Matilde Zavala de González, el daño material por incapacidad no sólo atiende a la situación actual de la víctima, sino que engloba su porvenir y posibilidades productivas futuras, casi siempre comprometidos por una incapacidad, sobre todo si ésta es seria y permanente, aun cuando circunstancialmente la actividad presente de la víctima no se haya visto resentida.... En lo que respecta a la cuantía del rubro, más allá de que la objeción del sistema de cálculo empleado no reviste el carácter de crítica concreta y razonada exigido por el art. 717 del CPCC, la suma de la condena $58.730 se presenta como razonable a la luz de lo dispuesto por el art. 267, in fine, CPCC."
"Sentado ello, es cierto que la sentencia de primera instancia carece de suficiente fundamentación sobre el punto, pero también es cierto que, sin perjuicio de las citadas doctrinarias y valoraciones abstractas, el actor apelante no aporta elementos concretos, suficientes y razonables (art. 717, CPCC) que me conduzcan a revisar el monto de la condena por el rubro.
Por lo tanto, el agravio sobre el punto no puede prosperar."
¿Cómo votaron los jueces?
La decisión fue adoptada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (Dres. Benjamín Moisá y María Dolores Leone Cervera). No hubo disidencias relevantes.
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Leyes que cita
- Ley 17.454Codigo procesal civil y comercial de la nacion
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