Guillermo Alberto Balbe

¿Quién es el actor?

Javier Ignacio Falcón y otro.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (Ministerio de Defensa).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

exención del servicio militar obligatorio en calidad de seminaristas o novicios del culto "Los Testigos de Jehová", con inscripción de dicho culto como no católico. Se pidió la inconstitucionalidad de la ley 21.745, del art. 32, inc. 3° de la ley 17.531, del decreto 1867/76, del art. 133 del decreto 6701/68 y de los arts. 2 al 11 del decreto 2037/79. Como medida previa, se solicitó la suspensión de la incorporación hasta la finalización del juicio.

¿Qué se resolvió?

el tribunal de grado denegó la medida cautelar. La Corte Suprema desestimó la queja y, por lo tanto, confirmó la denegatoria del recurso extraordinario. Declaró perdidos los depósitos de fs. 1 y 2.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la procedencia formal, el Procurador General recordó que las resoluciones sobre medidas precautorias no constituyen, como regla, sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48. Sin embargo, señaló que en el caso se configuraba una excepción: "a los efectos de salvaguardar el cumplimiento de una posible sentencia favorable a las pretensiones del recurrente, resultaría necesario para él, so pena de que la cuestión se pueda transformar en abstracta, que se hiciese lugar a la indicada medida cautelar". Y concluyó que "la incorporación del recurrente al servicio militar le provocará un agravio a sus pretensiones que no podrá ser subsanado por la sentencia final".

Sobre el fondo, sostuvo que "toda declaración de inconstitucionalidad de las leyes es un acto de suma gravedad institucional, y que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico, ejerciéndose únicamente cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable".

Agregó que la procedencia de tal declaración, "teniendo en cuenta además, la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas", no resulta prudente valorarla en el trámite sumario de una medida precautoria.

Respecto del art. 230 del Código Procesal, reconoció que las consecuencias de la incorporación podían tornar de cumplimiento imposible una eventual sentencia favorable (inciso 2°), pero que ello no suple la acreditación prima facie del bonus fumus iuris (inciso 1°), que en el caso no aparecía configurado.

La Corte adhirió "a los fundamentos desarrollados por el señor Procurador General en el dictamen que antecede", por lo que desestimó la queja.