SANTILLAN ROBERTO PAULINO C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA DE LA PCI S/ AMPARO POR MORA

¿Quién es el actor?

Roberto Paulino Santillán.

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Orden de pronto despacho judicial en las actuaciones administrativas EX-2025-44177367-GDEBA-DVMEYACRJYPP, a fin de que el organismo se expida sobre el reclamo interpuesto el 04/12/2025.

¿Qué se resolvió?

Hizo lugar a la acción de amparo por mora, condenó a la autoridad demandada a resolver dentro del plazo de 30 (treinta) días la presentación identificada, impuso las costas a la demandada en su condición de vencida (art. 51, inc. 1, CCA) y reguló honorarios a la doctora Lara Melazo Díaz en la suma de cinco (5) IUS, más el 10 % en concepto de aportes previsionales y el porcentaje correspondiente según su condición frente al IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...este proceso especial previsto en el art. 76 del CCA se circunscribe a determinar si existió mora en el accionar de la Administración, resultando por ello improcedente pronunciarse sobre aspectos de fondo que distan del fin encomendado a esta acción por el citado cuerpo legal. En consecuencia, debe afirmarse que la finalidad de este instituto jurídico es sólo procurar el pronto despacho del obrar demorado. Dicha orden será procedente cuando se hubiere dejado vencer los plazos fijados y, en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediese lo razonable."

"...del informe acompañado se observa claramente que el plazo en el cual la autoridad demandada debió resolver la petición de la parte actora se encuentra vencido."

"...los principios procedimentales y los plazos aplicables al caso, contemplados en el artículo 77 del citado decreto-ley n° 7.647/70 se encuentran vulnerados y no advirtiéndose causa que justifique la demora, corresponde acoger la pretensión deducida."

"...el incumplimiento del deber de pronunciarse en forma expresa y fundada frente al pedido presentado, resulta violatorio de la garantía de defensa, que se integra con el derecho a obtener una decisión, no sólo fundada, sino también oportuna, inherente al principio del debido proceso adjetivo que lo informa (art. 15 de la Constitución provincial)."

"Cabe dejar sentado que este emplazamiento no implica abrir juicio acerca de la fundabilidad de la petición a decidir, ni sobre el contenido de la resolución administrativa que deba adoptarse."