T., S. L. c/ MEDICUS SA s/AMPARO DE SALUD

¿Quién es el actor?

S. L. T., por derecho propio, afiliada a Medicus SA.

¿A quién se demanda?

Medicus SA.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobertura integral de la internación en el "Instituto para Mayores San Francisco" o, subsidiariamente, hasta el módulo Hogar Permanente Categoría A con más el 35% por dependencia; medicación y pañales prescriptos por los médicos tratantes.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la acción de amparo. Se condenó a Medicus SA a cubrir la internación en el valor de la normativa aplicable o, en su defecto, según la Res. 428/99 (módulo Hogar Permanente Categoría A con Centro de Día, pto. 2.2.2) más el 35% por dependencia, con facturación pagada dentro de los quince días; y a otorgar cobertura integral (100%) de medicamentos y pañales según indicación médica. Costas a la demandada vencida. Se regularon honorarios al letrado patrocinante en 20 UMAS.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II). Que, en lo atinente a la cuestión sustancial debatida en esta causa, es apropiado recordar que el derecho cuya protección se persigue en autos, en tanto compromete la salud e integridad física de la amparista, aparece reconocido por la Constitución Nacional y los pertinentes tratados internacionales incorporados a ella (conf. art. 42 y 75 inc. 22 CN...), de modo que la presente litis debe ser analizada y decidida teniendo en cuenta dicha particularidad."

"Desde esta perspectiva, cabe recordar que resulta una obligación impostergable de las autoridades públicas, de las obras sociales y de las entidades de medicina prepaga emprender acciones positivas dirigidas a facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y de rehabilitación, habida cuenta que, siendo el derecho a la vida -que incluye la salud- el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales..."

"...la actitud de la demandada priva al afiliado de las prestaciones requeridas para el resguardo del tratamiento de la discapacidad que presenta, con grave menoscabo a su estado de salud, lo cual implica una conducta que no es ajustada a derecho y encuadra en la calificación de 'ilegalidad o arbitrariedad manifiesta' a la que refiere el art. 1° de la Ley 16.986..."

"...el sistema no contempla -como principio- la libre elección de médicos y/o prestadores, sino que está estructurado en función de los profesionales e instituciones contratados por las obras sociales..."

Además, la falta de contestación del informe del art. 8° de la ley 16.986 se tuvo como reconocimiento de los hechos (art. 356 CPCC) y de la documental acompañada.