PRIETO EMILIO c/ SECHEEP s/INDEMNIZACION ART. 8° INC. B LEY 23.643

¿Quién es el actor?

Emilio Prieto.

¿A quién se demanda?

Secheep.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización prevista por el art. 8°, inc. b, de la ley 23.643, y la indemnización del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, con cuestionamiento del tope establecido por la res. 7/89.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró improcedente el agravio sobre la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad, por tratarse de cuestiones fácticas y de derecho común ajenas a la instancia extraordinaria, y declaró procedente el recurso en cuanto a la falta de pronunciamiento sobre el carácter de incapacidad del 80% de la total obrera y en cuanto a la inconstitucionalidad de la res. 7/89. Dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó un nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la omisión de pronunciamiento: "el a quo omitió expedirse respecto de la impugnación efectuada por el recurrente tendiente a que se considere su incapacidad de carácter total y no parcial como le fue atribuido por la sentencia de primera instancia, a pesar de que mediaba un planteo concreto y suficiente al respecto (fs. 353/359 y 378/379 vta.), con lo cual incurrió en un injustificado rigor formal y en una omisión de pronunciamiento al desestimar los recursos locales sin resolver sobre el punto."

Sobre la inconstitucionalidad de la res. 7/89: "en autos se ha controvertido la inteligencia de cláusulas constitucionales y la decisión definitiva de la causa ha sido contraria a la pretensión que el apelante fundó en aquéllas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48)", remitiendo por razones de brevedad a los fundamentos de la causa V.262.XXIV "Vega, Humberto Atilio c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otros s/ accidente - ley 9688".

Sobre la fecha de la incapacidad: "el agravio es improcedente toda vez que no sólo remite al estudio de aspectos de índole fáctica y de derecho común, ajenos a esta instancia, sino que, además, el apelante no logra demostrar la arbitrariedad alegada (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)."