CHIRINO MARCIAL ANDRES Y OTROS c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/LABORAL

¿Quién es el actor?

Marcial Andrés Chirino y otros.

¿A quién se demanda?

Y.P.F. S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de diversos créditos laborales, en particular diferencias provenientes de la incorrecta actualización de las sumas recibidas en pago de los incrementos dispuestos por los decretos 439/82 y 1639/82, y la tasa de interés aplicable.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada, ordenando que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo resuelto. Se declaró inoficioso expedirse sobre el agravio relativo a la tasa de interés. Con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Respecto de la cuestión federal, la Corte sostuvo que: "existe cuestión federal bastante que habilita su consideración por la vía elegida pues si bien remite al examen de materias que, por su índole no federal, son regularmente ajenas a esta instancia, cabe hacer excepción a dicho principio cuando, como ocurre en el caso, la decisión apelada se aparta de las constancias de la causa cuya valoración resultaba decisiva para una correcta solución del problema planteado, lo cual redunda en evidente menoscabo de la garantía de defensa en juicio y de la adecuada fundamentación exigible de los fallos judiciales".

Sobre la omisión probatoria, el Tribunal señaló que la propia cámara "omitió evaluar correctamente diversos elementos probatorios de los que se desprendería la cancelación de la deuda", en particular el acta-acuerdo homologada por la autoridad administrativa, que preveía diez cuotas por diferencias salariales y tres cuotas por actualización monetaria, cuyos pagos habían quedado acreditados mediante el peritaje contable. Agregó que los propios actores, en su demanda y al proponer los puntos de pericia, "admitieron la existencia de dichos pagos".

Concluyó que "el pronunciamiento resistido, en cuanto soslayó ponderar adecuadamente la incidencia que los extremos reseñados podían tener en el resultado final de la controversia suscitada, no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa", por lo que correspondía descalificarlo por arbitrariedad, con nexo directo con las garantías constitucionales invocadas (art. 15 de la ley 48).