BLANCO HECTOR BENEDICTO c/ CAJA NACIONAL DE PREVISION DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES Y OTRO s/EJECUCION DE SENTENCIA

¿Quién es el actor?

Héctor Benedicto Blanco (jubilado).

¿A quién se demanda?

Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, con intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (recurrente).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

ejecución de la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (30/4/1986) que ordenó el reajuste del haber jubilatorio, y aprobación de la liquidación practicada por el actor.

¿Qué se resolvió?

se declaró procedente el recurso extraordinario, se dejó sin efecto el fallo apelado y se ordenó que, en la instancia de origen, por quien corresponda y una vez esclarecidos los hechos, se dicte un nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"este Tribunal juzga que el a quo ha adoptado una perspectiva ritualista en el examen del caso, ya que la solución soslaya el aspecto sustantivo del planteo de la recurrente, lo cual resulta particularmente objetable si se tiene en cuenta que los entes previsionales no son llamados a juicio para defender intereses propios, sino que su tarea se proyecta hacia la protección del fondo común de todos los agentes pasivos".

"las contradicciones que resultan de los informes y constancias relacionados con los salarios abonados, acompañados al proceso por la demandada, debieron llevar a una verificación de las pautas contenidas en las diversas liquidaciones practicadas, por lo que cabe concluir que la sentencia que con fundamentos formales impide revisar una cuenta final, afecta en forma directa e inmediata a las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas".

"cabe hacer excepción a la conocida jurisprudencia de esta Corte, según la cual las resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia tendientes a hacerla efectiva ... no son eficaces para habilitar la vía del art. 14 de la ley 48".

"la liquidación no puede ser mantenida con el argumento de un supuesto respeto a la cosa juzgada, ni en razón del largo tiempo que requiere obtener la información apropiada para cumplir con la medida judicial, dado que la aludida liquidación de la ejecutante no resultaba vinculante para el juez que dictó la resolución impugnada (art. 132, ley 18.345)".