GOROSTIZA GUILLERMO JORGE s/EXTRADICION ART. 54

Actor (quien reclama): República Oriental del Uruguay, a través de la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Vigésimo Turno de Montevideo.

Demandado (requerido): Guillermo Jorge Gorostiza, ciudadano argentino.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Extradición por el delito de encubrimiento de tráfico de estupefacientes cometido entre 1988 y 1989.

¿Qué se resolvió?

La Procuración opina que la Corte debe rechazar la apelación de la defensa y confirmar la extradición. Se trata de un dictamen; la decisión final corresponde a la Corte Suprema.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Nulidad y doble incriminación: La defensa pidió la nulidad y alegó que la conducta no estaba tipificada al cesar la actividad (febrero-marzo de 1989), ya que el art. 25 de la ley 23.737 entró en vigencia en octubre de 1989. El dictamen responde que "la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes" (doctrina de Fallos 295:961; 298:312), y que el agravio "sólo constituye un reproche a la viabilidad del pedido de extradición". Sobre el fondo, sostiene que "si bien no existía en el ámbito nacional la figura penal del 'lavado de dinero'... sí se encontraba vigente el tipo penal del encubrimiento, previsto y reprimido por los artículos 277 y 278 del Código Penal", figura "análoga en su sustancia" al art. 197 del Código Penal uruguayo. Añade que los hechos podrían encuadrar también en asociación ilícita (art. 210 CP).

Ley penal más benigna y norma procesal aplicable: La defensa sostuvo que debía regir la ley 2.372 (Código de Procedimientos en Materia Penal), que permitía optar por ser juzgado en Argentina. El dictamen cita el precedente G. 340. XXXIV (Gómez Díaz, 1999): ante un tratado vigente, sus disposiciones prevalecen sobre la legislación interna (art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados). Señala que la ley 24.767 se aplica subsidiariamente, pues sus arts. 120 y 123 la rigen para trámites pendientes y derogan la ley 2.372, y que la nacionalidad no impide la extradición (art. 20 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889).

Limitación de agravios: Advierte que el memorial reedita lo planteado en la audiencia sin una crítica concreta y razonada a la sentencia de primera instancia (doctrina del caso L.139.XXXIV, Lacava).