OLEODUCTOS DE VALLE S.A. (TF 19260-I) c/ DGI s/

¿Quién es el actor?

Oleoductos del Valle S.A. (contribuyente, recurrente en la instancia administrativa).

¿A quién se demanda?

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La AFIP impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 1993 a 1998, por considerar que la amortización de los bienes de uso (oleoductos y estaciones de bombeo) debía calcularse en 35 años, conforme al art. 41 de la Ley 17.319 (Ley de Hidrocarburos). Se determinó de oficio la obligación, se calcularon intereses resarcitorios y se aplicó multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema rechazó el recurso ordinario de apelación del Fisco y confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, que había revocado en todas sus partes la resolución del organismo recaudador. Con costas. Por unanimidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre los límites de la revisión: "el art. 86, inc. b, de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de la cámara y, en principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (Fallos: 300:985). Si bien no se trata de una regla absoluta y, por consiguiente, la cámara debe apartarse de las conclusiones del mencionado organismo jurisdiccional cuando éstas presentan deficiencias manifiestas (Fallos: 326:2987, considerando 9°), tal situación dista de configurarse en el caso de autos."

Sobre el plazo de amortización: "si bien la ley 17.319 dispone que todas las concesiones de transporte se realicen por 35 años, ello no implica que la vida útil probable de los bienes afectados deba coincidir necesariamente con dicho término y agotarse junto con el contrato de concesión, pues el lapso de aquélla depende de distintos factores y se trata, en definitiva, de un problema de exclusiva raigambre técnica dada por las diferentes características que presentan los bienes afectados a la generación de rentas gravadas."

Conclusión: el plazo "debe fijarse según la duración de su vida económicamente útil, y con arreglo a criterios de carácter técnico", remitiendo a la causa "Oleoducto Trasandino Argentina S.A. c/ DGI" (sentencia del 8 de abril de 2008).

La Cámara había señalado que la AFIP no individualizó ninguna disposición que fije un plazo distinto, y que YPF aplicó el mismo criterio antes de transferir los bienes.