Aquino, Victor s/s/extradicion

Actor (requerido en extradición / apelante): Víctor Aquino y/o Víctor Aquino Domínguez, asistido por el Dr. Fernando A. Arias Caamaño.

Demandado (parte requirente): República del Paraguay.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Extradición para ser sometido a proceso por los delitos de secuestro, extorsión, extorsión agravada, privación de libertad y asociación criminal, que damnificaron a Dalia María Scappini Campos, entre julio y el 4 de septiembre de 2011.

¿Qué se resolvió?

La Corte rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24.767 y del artículo 1° de la ley 25.302 y confirmó la resolución de primera instancia que declaró procedente la extradición.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que, más allá de la presentación de la problemática en esos términos, no se desarrollan las razones por las cuales la categoría de nacional no podría estar sujeta a los grupos que delineó el legislador en el artículo 12 de la ley 24.767 atendiendo a los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina con el objeto de hacer efectiva la extradición que, como mecanismo de cooperación penal internacional, persigue ... 'prestar a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél' (artículo 1° de la ley de Cooperación Internacional en Materia Penal 24.767)."

"Que el Tribunal estima que, frente a la objetiva razón de diferenciación que recoge el artículo 12 de la ley 24.767, no basta para descalificar el sistema diseñado por el legislador la mera invocación de juicios de valor como los que esgrime la parte recurrente."

"Que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o alguna de sus partes es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como una ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 288:325; 292:190; 302:457)."

"Que, en otro orden de ideas, las razones humanitarias invocadas por la parte requirente están contempladas en el artículo 14.2. del tratado aplicable y sólo poseen entidad para 'aplazar' la entrega en la etapa de la 'Decisión final' a cargo del Poder Ejecutivo Nacional (artículos 35 a 39 de la ley 24.767)."

Se declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia en cuanto omitió tratar el planteo de inconstitucionalidad, por falta de fundamentación (artículo 404, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación), y el Tribunal lo resolvió directamente.