Proconsumer c/ EN-Secretaría Comunicaciones resl 8/09 s/proceso de conocimiento

¿Quién es el actor?

Proconsumer (asociación de consumidores).

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Secretaría de Comunicaciones (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reglamentación del régimen de portabilidad numérica para telefonía fija establecido en el decreto 764/00, y fijación de plazos para su implementación.

¿Qué se resolvió?

la Corte declaró inadmisibles la queja y el recurso extraordinario de la parte actora, hizo lugar a la queja del Estado Nacional, declaró admisible su recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada, con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La portabilidad numérica es un derecho del cliente o usuario" (art. 30.2 del Reglamento Nacional de Interconexión, aprobado por el art. 2° del decreto 764/00), y "es rol indelegable del Estado, en esta etapa, regular para la competencia y, en ejercicio de tal potestad fundar toda la regulación en el derecho de los usuarios, razón última de todas las disposiciones de la reglamentación propuesta".

"La demora del Estado Nacional en implementar en forma efectiva la portabilidad en el ámbito de la telefonía básica constituye un palmario desconocimiento de la obligación de proveer a la protección de los consumidores y usuarios que el art. 42 de la Constitución Nacional ha puesto en cabeza de las autoridades de la Nación."

"Durante el curso de las actuaciones no ha aportado mínimos elementos de convicción que respalden tan genéricas y vagas afirmaciones" sobre las justificaciones técnicas, económicas y de competencia invocadas por el Estado para demorar la implementación.

"La decisión del a qua que ordena reglamentar el régimen de portabilidad y fijar un cronograma de implementación no constituye una indebida intromisión en la esfera propia y privativa de otro poder del Estado, sino el ejercicio de la competencia que la Constitución Nacional le asigna al Poder Judicial de la Nación."

Respecto de la legitimación de la asociación actora, la Corte remitió a los precedentes "Halabi" (Fallos: 332:111), "PADEC c/ Swiss Medical S.A." y "Consumidores Financieros Asociación Civil c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.". Sobre el recurso de la actora, consideró que la invocación de los artículos constitucionales no cumplía el requisito de relación directa e inmediata exigido por el art. 15 de la ley 48, y que la doctrina de la arbitrariedad no cubre meras discrepancias con lo resuelto.