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Corte Suprema

GONZALEZ ALFREDO OSCAR c/ DUARTE BOGARIN CARLOS Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)

El actor promovió demanda por resarcimiento de daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su hermana, atropellada por un colectivo de la línea 132. La Corte Suprema revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el art. 1078 del Código Civil derogado y admitido el daño moral reclamado por el hermano de la víctima.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Jurisdicción
Federal · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CIV 015867/2009/CS001
Dano moral Art. 1078 codigo civil derogado Legitimacion activa Damnificado indirecto Inconstitucionalidad Accidente de transito Transporte publico automotor Franquicia de seguro Recurso extraordinario Corte suprema.

¿Quién es el actor?

Alfredo Oscar González, por derecho propio.

¿A quién se demanda?

Nuevos Rumbos S.A. (Carlos Duarte Bogarín fue desistido a fs. 95) y, como citada en garantía, Garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de Lilia Beatriz González, quien fue atropellada por el interno 26 de la línea 132 mientras caminaba por la senda peatonal de la Av. Varela en su cruce con la Av. Eva Perón.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil derogado, que limitaba a la acción por daño moral al damnificado directo. Con costas a los vencidos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Corte remitió a los fundamentos y conclusiones del precedente "Lima, Maira Joana y otros" (Fallos: 340:1185), por considerar la cuestión sustancialmente análoga, y resolvió que resultaba inoficioso el dictamen de la Procuración General de la Nación. Como antecedente, la Corte había declarado admisible el recurso extraordinario y, en sentencia colectiva previa (fs. 398/399), había admitido la oponibilidad de la franquicia del contrato de seguro al tercero damnificado (art. 16, segunda parte, ley 48), cuestión que no fue objeto de la decisión sobre el art. 1078 y que fue resuelta en el mismo pronunciamiento.

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