Recurso Queja Nº 2 - ROMERO DIAZ, MARTHA c/ EN - DNM s/RECURSO DIRECTO DNM

Actor (parte recurrente): Martha Romero Díaz, representada por el Dr. César Augusto Balaguer, Defensor Público Oficial cotitular de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

recurso judicial directo contra la disposición SDX 186384 y su confirmatoria SDX 105276, que canceló la residencia permanente de la actora, declaró irregular su permanencia, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso con carácter permanente, por configuración de la causal del art. 62, inc. b, de la ley 25.871 (t.o. dec. 70/2017).

¿Qué se resolvió?

se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con costas. Se ordena remitir la queja al tribunal de origen para su acumulación al principal y el dictado de un nuevo fallo conforme a lo decidido. Se considera innecesario tratar las demás cuestiones planteadas en el remedio federal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que es preciso tener en consideración que el 4 de marzo de 2021 fue promulgado el decreto 138/2021, que derogó su par 70/2017 y restituyó 'la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017, en su redacción previa al momento del dictado de la norma que por el presente se deroga' (art. 2°)."

"Así, el decreto 138/2021 varió sustancialmente el encuadramiento normativo bajo el cual debe examinarse la situación de la parte actora. En efecto, el acto de expulsión se sustentó en una causal de cancelación de la residencia que fue modificada por el art. 6° del decreto 70/2017."

El texto anterior del art. 62, inc. b, de la ley 25.871 preveía la cancelación de la residencia cuando el residente hubiese sido condenado por "delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos", con un plazo de dos años posteriores al cumplimiento de la condena para dictar la resolución definitiva.

El texto sustituido por el dec. 70/2017 permitía cancelar la residencia por condenas, aunque no firmes, por delitos de tráfico de estupefacientes, entre otros, y establecía que la sentencia firme en la República Argentina cancelaba automáticamente la residencia con implicancia de expulsión.

"Que, en tales condiciones, la situación planteada en autos resulta sustancialmente análoga a la decidida por esta Corte mediante la sentencia dictada en la causa 'Pfannschmidt Morales' (Fallos: 345:1079), a la que se remite en razón de brevedad."

Como fundamento de la admisibilidad, la Corte señaló que se encuentra en tela de juicio la interpretación de normas federales (ley 25.871 y decretos 70/2017 y 138/2021) y que la decisión de la cámara es contraria a la pretensión de la actora fundada en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48).