MAURO DIEGO ALBERTO s/recurso de apelación

¿Qué se resolvió en el fallo?

Se analizó la procedencia de la determinación de oficio realizada por la autoridad fiscal respecto de un aporte solidario y extraordinario establecido por la Ley Nº 27.605 para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19, aplicado a un contribuyente que había cambiado su residencia fiscal de Argentina al Reino Unido durante el año 2020. La controversia giró en torno a la consideración de la residencia fiscal al 31 de diciembre de 2019 como criterio para definir la sujeción al aporte, y si la aplicación de dicho criterio implicaba una retroactividad indebida que afectara principios constitucionales como el de igualdad, reserva de ley y derecho de propiedad.

Se examinaron aspectos fácticos relevantes, como la pérdida efectiva de la residencia fiscal argentina, la ubicación y valuación de los bienes en Argentina y en el exterior, y la aplicación de las normas tributarias correspondientes, principalmente las disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias que definen la residencia fiscal. El Tribunal evaluó la naturaleza jurídica del aporte solidario y su diferencia con el impuesto sobre los bienes personales, la legitimidad de la cláusula antielusiva que fija la condición de residencia a una fecha previa a la sanción de la ley, y la legitimidad de la sanción aplicada. Asimismo, se consideró la interpretación normativa, la aplicación de principios constitucionales y la valoración probatoria para determinar la residencia y la base imponible.