3% DELGADO OLGA PATRICIA C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Olga Patricia Delgado, agente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El reconocimiento del derecho a percibir la bonificación por antigüedad al 3% respecto de los años 1996 a 2005, período durante el cual fue abonada en un porcentaje inferior (0-2%). Se solicita el pago retroactivo de las diferencias salariales a valores actualizados, más intereses. Adicionalmente, se plantea la inconstitucionalidad de las leyes 11.739, 11.905, 12.062, 12.232, 12.396, 12.575, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.354, que redujeron o eliminaron el porcentaje de bonificación por antigüedad.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 42 de la Ley 11.739; 37 de la Ley 11.905; 29 de la Ley 12.062; 27 de la Ley 12.232; 27 de la Ley 12.396; 24 de la Ley 12.575; 24 de la Ley 13.154; y 1 y 2 de la Ley 13.354. Ordenó a la demandada liquidar y abonar la bonificación por antigüedad al 3% con retroactividad al 18/02/2024 (dos años antes de la interposición de la demanda), a valor actual a la fecha que adquiera firmeza la sentencia, más intereses al 6% anual hasta la firmeza y posteriormente a tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal sostuvo que, conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución" (CSJN, Fallos 323:1566, Guida y 326:1138, Müller). En el caso, el Tribunal encontró que: (i) no existió una situación excepcional de emergencia declarada legislativamente como fundamento de las restricciones (la propia demandada reconoció que las leyes no obedecían a un contexto de emergencia); (ii) las restricciones no tuvieron carácter temporario, ya que actualmente los años 1997 a 2005 se siguen computando con la disminución cuestionada; (iii) aunque pudiera considerarse legítima la disminución en un primer momento, la irrazonable extensión temporal de las medidas lleva a considerarlas inconstitucionales. El Tribunal precisó: "La legislación sub examine ha transgredido esos límites, ya que no impone una limitación razonable y temporaria a la integridad salarial de los agentes públicos, fundada en razones de emergencia y en el interés general". Asimismo, el Tribunal enfatizó que: "De hecho, (tal y como lo he puesto de manifiesto en numerosos precedentes similares) en el Decreto N° 240/96 -que reglamentó el art. 42 de la ley 11.739
- se excluyó a los magistrados y cargos asimilables de las consecuencias de dichas normas; en los considerandos del referido decreto se señala que 'a los fines de la Ley citada y por razones de índole constitucional, no corresponde considerar incluidos en el Concepto de Personal de la Administración Pública a los Magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial'; y esas razones de índole constitucional no son otras que las vinculadas con la garantía constitucional de intangibilidad de la remuneración de los magistrados. Consecuentemente, si los magistrados quedaron al margen de las modificaciones dispuestas respecto de la bonificación por antigüedad en razón de la garantía de intangibilidad, no puede sino concluirse que las modificaciones en cuestión implicaron una reducción o disminución salarial." El Tribunal también aplicó el principio de progresividad en materia laboral, consagrado en el artículo 39, inciso 3 de la Constitución Provincial (reforma 1994), que "compromete a la acción pública desde el Estado provincial a incrementar los derechos de los trabajadores en forma progresiva impidiendo todo retroceso en su situación jurídica". Precisó que "la disminución en el porcentual de la bonificación constituye un retroceso en la composición de la remuneración, incompatible con el principio consagrado en la constitución provincial y en los tratados internacionales" (referencias al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y Convención Americana de Derechos Humanos). Respecto de la prescripción, el Tribunal rechazó la doctrina de que el hecho lesivo había finalizado en 2006, considerando que se trata de un hecho continuado cuyos efectos se aplican mensualmente en cada liquidación de haberes. Adoptó la nueva doctrina de la Suprema Corte de la Provincia (causa "Ledesma" del 11/09/2025), aplicando el plazo de prescripción de dos años previsto en el artículo 2562 "c" del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que resultó en la prescripción de las diferencias devengadas con anterioridad al 18/02/2024.