ARRUA WALTER C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Walter Arrúa, agente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a que se liquide y abone la bonificación por antigüedad al 3% por el período 1996 a 2005, período en el cual fue computado en porcentajes menores (0-2%), solicitando el pago retroactivo de las diferencias salariales a valores actualizados con intereses. El actor impugnó la constitucionalidad de la Ley 13.354 y Decreto 240/96, argumentando que violaban principios constitucionales de propiedad, progresividad, indemnidad laboral e igualdad.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad de múltiples normas: art. 42 de la Ley 11.739; art. 37 de la Ley 11.905; art. 29 de la Ley 12.062; art. 27 de la Ley 12.232; art. 27 de la Ley 12.396; art. 24 de la Ley 12.575; art. 24 de la Ley 13.154 y arts. 1 y 2 de la Ley 13.354. Ordenó a la demandada liquidar y abonar la bonificación por antigüedad al 3% con retroactividad al 14-12-22 (dos años anteriores a la interposición de la demanda conforme plazo de prescripción), a valor actual a la fecha de firmeza de la sentencia, más intereses al 6% anual desde el devengamiento hasta la firmeza, y posteriormente según tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundamentos principales de la decisión: "Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 'el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución' (CSJN, Fallos 323:1566, Guida y 326:1138, Müller)." El Tribunal destacó que en el caso no existió situación excepcional de emergencia declarada legislativamente —la propia demandada reconoció que las leyes no obedecían a contexto de emergencia— y que las restricciones implementadas no tuvieron carácter temporario, ya que actualmente los años 1997 a 2005 se siguen computando con la disminución cuestionada. En particular, el no cómputo del año 1996 constituye "la supresión absoluta e indefinida de un derecho adquirido, confiscación que por esa razón se encuentra vedada por el art. 17 de la CN". "Consecuentemente, y aun cuando pudiera considerarse que la disminución cuestionada haya sido legítima en un primer momento, la circunstancia de que las medidas cuestionadas no se hayan hecho en el marco de una emergencia, sumada a la irrazonable (por ilimitada) extensión temporal de las mismas, lleva a considerar inconstitucionales dichas restricciones a los derechos del accionante." El Tribunal incorporó además el análisis del principio de progresividad laboral consagrado en el art. 39, inc. 3 de la Constitución Provincial (reforma 1994) y en instrumentos internacionales de derechos humanos (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Convención Americana de Derechos Humanos), concluyendo que "la situación más ventajosa para los trabajadores, que se había logrado en el año 1990 con la sanción de la ley 10.944, sufrió un claro retroceso con las diversas modificaciones posteriores que han generado y generan en la actualidad pérdidas en la retribución que percibe el accionante. Así las cosas, la disminución en el porcentual de la bonificación constituye un retroceso en la composición de la remuneración, incompatible con el principio consagrado en la constitución provincial y en los tratados internacionales antes citados." El Tribunal refutó el argumento de que se trataba de una modificación hacia el futuro sin reducción de haberes, señalando que el propio Decreto 240/96 excluyó a magistrados y cargos asimilables "por razones de índole constitucional" vinculadas a garantía de intangibilidad de remuneración, lo que demuestra que las modificaciones implicaron una reducción salarial efectiva. Respecto de la prescripción, rechazó la extinción total invocando la doctrina de la ilegalidad continuada, ya que "cada vez que se liquidan los haberes de la actora, en la medida en que se reconozcan períodos laborados entre los años 1996 a 2005", sufre los efectos de la disminución salarial. Aplicó el plazo de prescripción de dos años previsto en el art. 2562 "c" del Código Civil y Comercial de la Nación (vigente desde 1-08-2015), limitando el pago retroactivo al 14-12-22 (dos años anteriores a la interposición de la demanda del 14-12-24).