RODRIGUEZ GERARDO RAMON C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (REP. POR FISCALIA DE ESTADO) S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

Quién demanda: Gerardo Ramón Rodríguez, empleado público provincial desempeñándose como "Encargado de Medios de Apoyo Técnico-Pedagógico" (Pañolero) en carácter de provisional.

¿A quién se demanda?

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de sujeto autoasegurado conforme ley 24.557.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por incapacidad laboral permanente derivada de accidente de trabajo ocurrido el 27/03/2018, cuando el actor impactó su rodilla derecha contra un escritorio mientras trasladaba herramientas. El actor inicialmente demandó contra Provincia ART S.A., pero desistió y amplió la demanda contra la Dirección General de Cultura y Educación.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda, condenando a la demandada a abonar la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 22/100 ($ 128.292,22), compuesta por:
- Indemnización por incapacidad laboral permanente conforme art. 14 ap. 2 inc. a) LRT: $ 106.910,18
- Indemnización adicional conforme art. 3 ley 26.773 (20%): $ 21.382,04 El monto debe ser actualizado conforme índice RIPTE desde la fecha en que el crédito se hizo exigible hasta la liquidación, adicionando interés puro del 3% anual. En caso de incumplimiento, se aplicará tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Fundamentos principales: El Tribunal estableció que quedó acreditado el vínculo laboral bajo el Estatuto del Docente (ley provincial 10.579), el accidente de trabajo del 27/03/2018 y la disminución de la capacidad laborativa. Respecto a la incapacidad: "A través del dictamen de fecha 09/12/2023, la médica tratante respecto de la evaluación de miembros inferiores realizada al actor, indica que la movilidad articular se halla conservada e indolora, a excepción de la rodilla derecha donde la flexión no sobrepasa 130°, como así también que la misma le genera una incapacidad que alcanza al 3 % a la cual le ha adicionado factor de ponderación 'de tipo de actividad' el cual en virtud de las dificultades para realizar sus tareas habituales estima en un 0,3 %, -10 % sobre el 3 % de incapacidad-, totalizando un 3,3 %." El Tribunal validó la pericia médica considerando que "si la pericia ha sido regularmente incorporada como prueba al proceso, y sus conclusiones además de contener motivación clara y lógica, se basan en hechos o datos probados con rigor técnico científico, tiene eficacia probatoria." Respecto al ingreso base mensual, se utilizó información de la AFIP correspondiente a los 12 meses anteriores al 27/03/2018, aplicando actualización por índice RIPTE, llegando a un ingreso base mensual de $ 38.556,69. Cuestión constitucional central: El Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 27.348 (que modifica art. 12 inc. 2 de la ley 24.557), en cuanto establece la prohibición de indexación y la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina como mecanismo de actualización. Sostuvo: "La aplicación literal del inc. 2 del art. 12 de la Ley 24.557 modificado por el art. 11 de la ley 27.348, resulta insuficiente e irrazonable. No cumple la finalidad a la que apunta toda la normativa relativa a la reparación de los infortunios laborales, resultando así violatoria de los preceptos constitucionales del art. 14 bis, 16 y 75 inc. 22 en cuanto colisiona con preceptos normativos supralegales integrados al bloque constitucional." El Tribunal citó el precedente "Barrios" (SCBA, L. 124.096, 18/4/2024) que "declara la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, interpelando a considerar el menoscabo que sufre el resarcimiento de la persona trabajadora accidentada como consecuencia del proceso inflacionario en afectación de su dignidad y el derecho de propiedad." En consecuencia, el Tribunal dispuso que "el juez o tribunal interviniente debe realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumidad del crédito" (principio de indemnidad), estableciendo que se aplicará actualización conforme índice RIPTE más interés puro del 3% anual. El Tribunal también rechazó la aplicación retroactiva del Decreto 549/2025 (nueva tabla de evaluación de incapacidades), argumentando que se trata de una norma de naturaleza sustancial cuya aplicación retroactiva importaría "una alteración de los parámetros legales utilizados para la determinación de la incapacidad laboral, con afectación del principio de irretroactividad de la ley, de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del trabajador." Rechazó los planteos de inconstitucionalidad del art. 2 ley 27.348, ley provincial 14.997, dects. 659/96 y 410/01, y res. SRT 414/99, considerándolos abstractos o no procedentes en el caso concreto.